Durante casi dos décadas, las principales empresas productoras y comercializadoras de soya en Brasil aseguraron a los mercados internacionales que el grano que exportaban no provenía de zonas deforestadas de la Amazonia. Ese compromiso, conocido como la moratoria de la soya, fue considerado uno de los mecanismos más efectivos para contener la destrucción de la selva tropical.
Esa política comenzó a desmoronarse esta semana, luego de que los grandes intermediarios del sector anunciaran su salida del acuerdo, lo que pone en riesgo tanto su continuidad como el objetivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de erradicar la deforestación ilegal para el año 2030.
El lunes, la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales comunicó que dejará de formar parte del pacto. Esta organización agrupa a algunas de las mayores compañías comercializadoras de soya a nivel mundial.
Funcionarios gubernamentales y organizaciones ambientalistas coincidieron en que la decisión equivale, en la práctica, a la desaparición de la moratoria, aunque ninguna de las empresas involucradas —entre ellas Cargill, Cofco International, Bunge, Amaggi y JBS— ha anunciado oficialmente su cancelación definitiva.
Brasil se mantiene como el principal productor global de soya, con una participación cercana al 40% de la oferta mundial. De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el país alcanzó una producción de 171.5 millones de toneladas durante el ciclo agrícola 2024-2025.