Las protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) continúan en Mineápolis, en un contexto de creciente confrontación entre autoridades estatales y el gobierno federal. Este lunes, el estado de Minesota presentó una demanda para frenar el despliegue de agentes migratorios, luego de que la administración del presidente Donald Trump reforzara la presencia del ICE en la ciudad para contener las manifestaciones contra las redadas. De manera paralela, Illinois interpuso otra querella por el “uso peligroso de la fuerza” por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Minesota, junto con las ciudades de Mineápolis y St. Paul, acudió a un tribunal federal para solicitar una orden de restricción temporal que limite o suspenda las operaciones del ICE, tras el asesinato de la ciudadana estadunidense Renee Nicole Good, ocurrido a manos de un agente de esa corporación.
El DHS informó que planea desplegar más de 2 mil agentes migratorios en el estado y presumió haber realizado más de 2 mil detenciones en Mineápolis desde el inicio del operativo, al que el ICE calificó como el más grande que ha ejecutado hasta ahora.
La tensión aumentó ayer cuando agentes lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a personas que se congregaron a observar las consecuencias de un choque entre un vehículo del ICE y el automóvil de un civil, a pocas cuadras del lugar donde Good fue abatida la semana pasada. La multitud presenció cómo un hombre era interrogado por los agentes involucrados en el accidente; tras el uso del gas, los uniformados se retiraron entre gritos de “¡Cobardes!”.
“Me alegra que no me hayan disparado”, declaró a la prensa Christian Molina, el civil interrogado, quien, junto a su vehículo dañado, cuestionó quién se haría responsable de los daños.
El ambiente de tensión se suma a los hechos ocurridos desde el 7 de enero, fecha en la que murió Good. En ese contexto, cientos de estudiantes de la escuela secundaria Roosevelt, en Mineápolis, abandonaron las aulas para manifestarse con pancartas que decían “Fuera ICE” y “Bienvenidos a Panem”, en alusión al universo distópico de Los juegos del hambre.
Por su parte, Illinois también demandó al gobierno federal. El gobernador demócrata JB Pritzker informó que la acción legal se fundamenta en el “uso peligroso de la fuerza” por parte del DHS. En la denuncia se señala que, aunque las autoridades federales describen las acciones como control migratorio, en la práctica personal uniformado y con entrenamiento militar, armado con equipo de uso castrense, ha operado durante meses en Chicago y sus alrededores, realizando detenciones e interrogatorios ilegales y utilizando agentes químicos contra residentes.
Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump ha endurecido la política migratoria. De acuerdo con el Departamento de Estado, su administración ha revocado más de 100 mil visados, entre ellos alrededor de 8 mil de estudiantes y unos 2 mil 500 correspondientes a personas con antecedentes delictivos, como parte de su estrategia de control migratorio.