El exdiputado local del PAN, Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo, logró evitar cumplir las sanciones que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional de su partido le impuso en octubre pasado, tras determinar que cometió actos de violencia política contra las mujeres por razones de género, dirigidos a una exmilitante del blanquiazul.
Bonilla, quien compitió por la dirigencia del PAN en la Ciudad de México en 2018, argumentó ante el órgano jurisdiccional del partido que las medidas —que incluían una disculpa pública, la prohibición de acercarse a la víctima y la obligación de tomar un curso sobre perspectiva de género— ya habían sido cumplidas dentro de un proceso judicial en tribunales locales.
A pesar de que su respuesta fue presentada fuera del plazo establecido por la Comisión de Justicia, la instancia partidaria consideró válido el argumento y declaró que la sentencia quedaba “total y definitivamente concluida”.
Para la víctima, esta decisión representa un incumplimiento en términos de reparación y prevención, pues la instancia del partido no evaluó si los actos realizados por Bonilla en 2024 en un contexto distinto cumplían con los objetivos de su resolución: reparación, prevención de futuros hechos y seguridad jurídica.
La afectada señaló que, mientras ella se vio obligada a renunciar al partido, Bonilla podrá continuar con sus actividades políticas dentro del PAN.
El exlegislador, que ocupó una curul local de 2000 a 2003 y de 2006 a 2009, tenía un plazo de 15 días naturales desde que la sentencia quedó firme el 23 de octubre, para cumplir la disculpa pública mediante una publicación pagada en un medio de comunicación e informar sobre el curso de perspectiva de género que tomaría y la institución que lo impartiría.
No obstante, fue hasta el 6 de enero cuando respondió a la Comisión, alegando que acatar la sanción violaría el principio de no ser sancionado dos veces por el mismo hecho, lo que, según la víctima, le permitió prácticamente evadir la medida impuesta.