Integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), instancia que encabeza el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), negaron que la conclusión del mandato de su presidenta, Vania Pérez Morales, vaya a paralizar el funcionamiento del organismo. A través de un comunicado, afirmaron que es incorrecto señalar que el CPC no podrá sesionar a partir del 28 de enero, fecha en la que Pérez Morales culmina su encargo y el Comité quedará integrado únicamente por dos de sus cinco miembros legales.
En el pronunciamiento, los integrantes del CPC señalaron que en los últimos días se ha difundido la versión de que, ante la falta de quórum, el organismo quedaría imposibilitado para sesionar después de esa fecha. “Esta afirmación es falsa; no existe ningún impedimento legal para que el Comité continúe sesionando y desarrollando sus funciones”, subrayaron.
El documento precisa que ni la Constitución ni la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establecen un quórum específico para las sesiones del CPC. La normativa, recordaron, únicamente dispone que las decisiones se adopten por mayoría de votos de los integrantes presentes y reconoce, además, la facultad del Comité para aprobar sus propias normas internas.
En la misma línea, aclararon que el Reglamento Interior del CPC tampoco fija un quórum mínimo distinto y se remite a lo previsto en la ley general.
Si bien la legislación establece que el CPC debe estar conformado por cinco ciudadanos, desde 2021 el Senado de la República no ha integrado la Comisión de Selección encargada de emitir la convocatoria para designar a nuevos integrantes, lo que ha impedido cubrir las vacantes existentes.
A partir del 29 de enero, el Comité quedará formalmente integrado por Blanca Patricia Talavera Torres y Rafael Martínez Puón. Ambos señalaron que, conforme a la normativa vigente, cuentan con las facultades necesarias para analizar, debatir y, en su caso, aprobar los asuntos que se traten en las sesiones ordinarias y extraordinarias del CPC posteriores a esa fecha, reiterando así la capacidad legal y técnica del organismo para seguir operando tras la salida de su actual presidenta.