Organizaciones civiles y de derechos humanos en Morelos señalaron que, para combatir de manera efectiva los feminicidios en la entidad, el primer paso debe ser su reconocimiento pleno por parte del gobierno estatal y, en segundo término, la aplicación estricta del protocolo de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), el cual establece que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como feminicidio, conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Así lo afirmó José Martínez, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, organización que ha documentado los feminicidios en Morelos desde el año 2000 y que impulsó la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en ocho municipios del estado en 2015. El activista fue consultado sobre la constante discrepancia entre las cifras oficiales y las que registran colectivos de mujeres y organizaciones civiles.
De acuerdo con sus registros, en lo que va del presente año al menos seis mujeres han sido asesinadas con extrema violencia en distintos municipios de Morelos; sin embargo, las autoridades estatales y la propia FGE sólo han clasificado dos de estos casos como feminicidio.
La diferencia se amplía al revisar los datos del año pasado. Mientras que la Fiscalía reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) un total de 35 feminicidios durante 2025, las organizaciones civiles documentaron más de 100 casos en ese mismo periodo.
“Nosotros acreditamos más de cien feminicidios y entregamos el análisis correspondiente. La gobernadora maneja únicamente las cifras que le proporciona la Fiscalía”, explicó Martínez. Añadió que esta discrepancia ha sido planteada tanto al fiscal general, Fernando Blumenkron, como al fiscal especializado en feminicidios, Héctor Miguel.
“Ellos dicen que aplican el protocolo, pero entonces deben demostrarlo, porque no pueden descartar desde el inicio que se trate de un feminicidio”, subrayó.
El vocero sostuvo que esta problemática no es exclusiva de la actual administración encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia, sino que se arrastra desde al menos dos gobiernos anteriores. Ante ello, exigió que tanto el Ejecutivo estatal como la FGE comiencen por reconocer la dimensión real del problema para poder enfrentarlo.
“Si no se reconoce una realidad, no se puede combatir. Argumentar que las víctimas estaban vinculadas a grupos ilegales no elimina la posibilidad de feminicidio; incluso puede agravar el delito, ya que en muchos casos se trata de mujeres víctimas de trata de personas”, apuntó.
Martínez reiteró que el marco legal es claro: toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio desde el inicio, y recordó que este delito implica la muerte violenta de mujeres en un contexto de impunidad, la cual en Morelos supera el 97 por ciento, según sus estimaciones.
Finalmente, advirtió que desde los sexenios de los exgobernadores Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco, y hasta la actual administración, Morelos se ha mantenido entre los primeros lugares nacionales en feminicidios en proporción a su población, sin que las autoridades estatales reconozcan plenamente la magnitud del fenómeno.