A pocos días de que finalice el programa piloto diseñado para incorporar a los trabajadores de plataformas digitales al sistema de seguridad social, repartidores y conductores advirtieron que la implementación de la reforma ha tenido un impacto negativo directo en sus ingresos y que, lejos de garantizar derechos, ha limitado el acceso efectivo a las prestaciones prometidas por la ley.
Representantes de distintos colectivos señalaron que, si bien durante los seis meses de prueba más de un millón de repartidores y conductores fueron inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el alcance real de la medida ha sido reducido. De acuerdo con sus estimaciones, en promedio solo alrededor del 10 por ciento de los trabajadores logró acceder de manera completa a los cinco seguros contemplados en la legislación: enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Además, alertaron que el aumento al salario mínimo previsto para 2026 podría agravar el problema, ya que dificultará que una mayor proporción de repartidores alcance el umbral de ingreso neto exigido para acceder plenamente a la seguridad social, dejando a muchos fuera del esquema de protección.
Saúl Gómez, representante del colectivo Repartidores Unidos de México, explicó que desde el inicio del plan piloto, en julio pasado, los trabajadores comenzaron a notar una reducción en la demanda de servicios y pedidos a través de las aplicaciones. Esta caída en la actividad, dijo, se tradujo de manera inmediata en menores ingresos para quienes dependen de estas plataformas como principal fuente de sustento.
Según Gómez, el impacto ha sido desigual según el tipo de vehículo utilizado. Los repartidores que trabajan en bicicleta han registrado pérdidas de entre 25 y 30 por ciento de sus ingresos habituales; quienes utilizan motocicleta reportan caídas de hasta 45 por ciento, mientras que los conductores de automóvil aseguran que sus percepciones se han reducido entre 48 y 56 por ciento durante el periodo de prueba.
Por su parte, Sergio Guerrero, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), sostuvo que entre julio y diciembre se aplicó un esquema de porcentajes de exclusión que terminó por reducir de forma considerable el número de personas con acceso real a la seguridad social. A su juicio, el diseño del piloto favoreció una afiliación formal amplia, pero con beneficios limitados en la práctica.
Guerrero citó cifras oficiales del IMSS para respaldar su señalamiento. Indicó que en noviembre, considerado uno de los meses con datos más favorables, de un total de un millón 199 mil personas registradas, únicamente 164 mil 205 lograron acceder de manera efectiva a la cobertura completa, lo que representa apenas el 13.6 por ciento del total.
Ante este panorama, los colectivos de repartidores insistieron en que el balance del programa piloto debe revisarse de fondo antes de su eventual consolidación como política permanente. Aseguran que, sin ajustes al modelo, la reforma corre el riesgo de profundizar la precarización laboral en lugar de corregirla, afectando tanto los ingresos diarios como el acceso real a derechos laborales básicos.