Los padres de Alex Pretti, enfermero estadounidense de 37 años que murió abatido el pasado sábado durante un operativo migratorio en Mineápolis, arremetieron contra lo que describieron como “mentiras repugnantes” difundidas por la administración del presidente Donald Trump sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. En particular, rechazaron de manera categórica la versión oficial que sostiene que su hijo portaba un arma al momento de ser atacado por agentes federales.
Horas después del pronunciamiento de la familia, Trump atribuyó las muertes de Pretti y de otra ciudadana estadounidense, Reenee Good —también fallecida a manos de un agente federal en Mineápolis— a autoridades demócratas locales y estatales que, según él, se oponen a colaborar con su política de control migratorio. En una extensa publicación en su red Truth Social, el mandatario afirmó que ambos decesos fueron consecuencia del “caos provocado por los demócratas”.
Michael y Susan Pretti, padres del enfermero, denunciaron en redes sociales que las declaraciones del gobierno federal son “reprobables y nauseabundas”. Aseguraron que los videos del incidente muestran con claridad que Alex no tenía ningún arma en sus manos cuando fue baleado. Según su relato, lo que sostenía era su teléfono celular, mientras levantaba la otra mano para intentar proteger a una mujer que había sido sometida por agentes del ICE, todo ello mientras era rociado con gas pimienta.
La familia exigió que se esclarezcan plenamente los hechos y se conozca la verdad sobre lo ocurrido. Destacaron que su hijo tenía una vocación de servicio y que su último acto fue tratar de proteger a otra persona. “No usamos la palabra héroe a la ligera, pero su última acción fue intentar salvar a alguien”, expresaron.
Pretti murió tras recibir múltiples disparos durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que buscaba detener a un extranjero en el centro de Mineápolis. Aunque inicialmente se informó que el autor de los disparos fue un agente del ICE, posteriormente se precisó que se trató de un elemento de la Patrulla Fronteriza. Las autoridades federales insistieron en que Pretti iba armado, pese a que los videos difundidos contradicen esa versión. El enfermero contaba con permiso legal para portar arma de fuego.
Un juez designado por el propio Trump ordenó a las agencias federales preservar intactas todas las pruebas relacionadas con el caso, prohibiendo su destrucción o alteración. En paralelo, algunos legisladores republicanos solicitaron una investigación exhaustiva y cuestionaron la permanencia del ICE en Minesota, ante la creciente preocupación por las tácticas empleadas por sus agentes.
El sindicato National Nurses United, el más grande del gremio en Estados Unidos, expresó su indignación por la muerte de Pretti y pidió la disolución del ICE. Asimismo, organizaciones defensoras de la Segunda Enmienda criticaron con dureza la narrativa oficial del gobierno, según reportó The Guardian.
En un hecho relacionado, Tracee Mergen, supervisora del Buró Federal de Investigaciones (FBI), presentó su renuncia tras presiones para frenar la investigación sobre la muerte de Reenee Good, quien fue abatida por un agente del ICE mientras intentaba huir, de acuerdo con grabaciones difundidas. Así lo informaron The New York Times y NBC News.