Al menos 132 empresas y ranchos agrícolas en el valle de San Quintín contratan a jornaleros bajo esquemas irregulares, sin prestaciones laborales ni acceso a la seguridad social, denunció la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social.
De acuerdo con la organización, los trabajadores son contratados por jornal, reciben pagos diarios en efectivo y carecen de contratos formales, lo que los deja fuera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sin posibilidad de cotizar para una pensión.
Cadena de suministro sin responsabilidad laboral
Las fincas señaladas comercializan sus cosechas con grandes empresas exportadoras que colocan hortalizas y frutos en el mercado de Estados Unidos. Estas compañías operan bajo un esquema de “asociados”, en el que no existe relación directa con la contratación de personal y sólo se evalúa la calidad del producto entregado.
Si bien las grandes exportadoras cumplen con los requisitos de seguridad social —exigidos por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos—, los pequeños y medianos ranchos que las abastecen no lo hacen, señalaron jornaleros, activistas y especialistas consultados.
Según las denuncias, todos los ranchos proveedores de empresas como Berrymex y Los Pinos utilizan la modalidad conocida como “saliendo y pagando”, un esquema que permite evadir obligaciones laborales.
Subcontratación y pagos en efectivo
Integrantes de la llamada “lucha histórica por el aumento salarial” afirmaron que esta forma de subcontratación debe erradicarse, ya que reproduce prácticas de outsourcing prohibidas por la legislación laboral.
El dirigente de la Alianza, Mario Octavio López, explicó que los jornaleros son contratados mediante intermediarios o enganchadores, reciben su pago en efectivo y no cuentan con contratos individuales ni colectivos.
“Esto les impide acceder al Seguro Social y pensionarse, incluso después de muchos años de trabajo”, advirtió.
Añadió que, en los pocos casos en los que los trabajadores son afiliados al IMSS, la cotización es intermitente, ya que los empleadores los dan de alta y los dan de baja apenas una semana después. “Hemos hecho llamados reiterados a las empresas agrícolas para que cumplan con la afiliación”, sostuvo.
Enganchadores y traslado de jornaleros
La práctica irregular se sostiene a través de enganchadores que transportan a los trabajadores desde distintas comunidades hasta los campos agrícolas durante la madrugada. En los ranchos, mayordomos y patrones contabilizan las pizcas individuales y pagan en efectivo, reteniendo un porcentaje por cada jornal.
Plan de Justicia para San Quintín
Ante este panorama, ya fue planteado el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, que contempla la operación de un Centro de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la certificación de empleadores exportadores para garantizar el acceso a la seguridad social.
También se anunció la instalación de un Centro Integrador en el predio Las Escobas, que funcionará como centro de gobierno y operará en coordinación con la delegada de Programas para el Bienestar, Carmen Antuna.
Mario Octavio López subrayó que el Plan de Justicia sólo podrá concretarse con la participación activa de todos los actores involucrados. “Sin trabajadores, productores y autoridades sentados en la misma mesa, no habrá justicia laboral en San Quintín”, advirtió.