La bancada de Morena en el Congreso de Campeche se dividió formalmente después de que 10 de sus 16 integrantes se deslindaran de la gobernadora Layda Sansores, a quien señalaron de ejercer persecución política en su contra. En ese contexto, los legisladores promovieron y aprobaron la restitución del fuero constitucional —eliminado en 2016— como un mecanismo de protección ante lo que calificaron como un uso arbitrario de la ley.
El domingo, tras la sesión de apertura del periodo ordinario de la 65 Legislatura estatal, elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) rodearon el Palacio Legislativo. De acuerdo con versiones difundidas en ese momento, existirían órdenes de aprehensión contra al menos dos diputados, entre ellos el coordinador parlamentario de Morena, José Antonio Jiménez.
Durante la sesión, Jiménez denunció públicamente ser objeto de una persecución política. Afirmó que “la dignidad no se negocia ni se administra, aun cuando defenderla implique costos y dolor”, y sostuvo que “la transformación no puede edificarse a partir de imposiciones ni del hostigamiento”.
Ante señalamientos difundidos por medios cercanos a la mandataria estatal, que lo calificaron como traidor, el legislador respondió que “resistir no es traicionar, sino legislar con el pueblo en el centro de las decisiones”.
El conflicto interno se remonta a mediados de diciembre, cuando el Congreso recibió la iniciativa de Ley de Ingresos 2026, que contemplaba la contratación de deuda pública por mil millones de pesos. En ese momento, Jiménez anunció que la propuesta sería revisada minuciosamente y que la bancada de Morena exploraría opciones para evitar endeudar a la población.
Estas declaraciones generaron molestia en la gobernadora Sansores, quien acusó a Jiménez de traicionar la confianza de quienes lo llevaron a la coordinación parlamentaria en noviembre de 2023, tras la destitución de Alejandro Gómez, ex coordinador de la bancada, quien también sostuvo diferencias con la mandataria y falleció posteriormente a causa de una enfermedad terminal.
Aunque el Congreso aprobó por mayoría la contratación de la deuda —imponiendo restricciones sobre el uso de los recursos—, las tensiones entre los legisladores y el Ejecutivo estatal no disminuyeron. Incluso, el dirigente estatal de Morena, Érick Reyes, calificó públicamente a Jiménez Gutiérrez como traidor y lo responsabilizó de fracturar la unidad del grupo parlamentario.
La ruptura quedó evidenciada el sábado previo, durante la sesión para elegir a la mesa directiva del nuevo periodo ordinario. En esa ocasión, los diputados morenistas afines a Sansores se aliaron con las bancadas de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PT y PVEM para designar como presidente de la mesa directiva al legislador emecista Paul Arce. Jiménez y los nueve diputados que lo respaldan votaron en contra, confirmando así el quiebre interno.
Cerco policial y restauración del fuero
Pese a que la FGE negó oficialmente que el despliegue de agentes ministeriales tuviera como objetivo detener a José Antonio Jiménez, el legislador optó por no abandonar el recinto legislativo y permaneció resguardado en sus oficinas, donde pasó la noche acompañado de integrantes de su grupo.
Desde ahí, sesionó con los 10 diputados que lo respaldan para remover a Jorge Pérez y Verónica Roca —identificados como cercanos a la gobernadora— de los cargos de vicecoordinadores parlamentarios. En su lugar, fueron nombrados Omar Talango e Ismael López.
En una sesión reservada, los legisladores aprobaron reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo con el fin de restituir el fuero constitucional. Ningún diputado confirmó oficialmente la aprobación de dichas modificaciones, argumentando que la normativa interna les impide hacer declaraciones sobre asuntos tratados en sesiones privadas.
Jiménez evitó responder a los cuestionamientos de la prensa y abandonó el Congreso escoltado por legisladores de su fracción.
La restitución del fuero beneficia de manera directa a al menos tres diputados locales, entre ellos el propio José Antonio Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, quien es investigado por la Fiscalía Estatal Anticorrupción por un presunto desvío de recursos. Aunque no se ha dado a conocer el monto involucrado, esta indagatoria sería la razón del resguardo permanente del Palacio Legislativo.
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano Paul Alfredo Arce, actual presidente de la mesa directiva, fue vinculado a proceso por un juez federal por presuntas irregularidades cometidas cuando fungió como presidente municipal de Campeche en 2021, durante la administración de Eliseo Fernández. Se presume que la orden de aprehensión en su contra ya fue liberada, aunque aún no se ha ejecutado.
Asimismo, el diputado morenista Gaspar Nah enfrenta denuncias penales presentadas por su ex esposa y sus hijos, presuntamente por incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. Tras su alineación con el grupo encabezado por Jiménez, dichas carpetas de investigación fueron reactivadas.
Con la aprobación de la reforma que restablece el fuero y una vez que el decreto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, ninguno de los legisladores podrá ser detenido sin que previamente se lleve a cabo un procedimiento de desafuero.
La única vía para impedir su entrada en vigor sería que la gobernadora Layda Sansores ejerza su facultad de veto, lo que frenaría la aplicación de la reforma.