A un año de implementado el plan integral para la recuperación del río Santiago en Jalisco, colectivos ambientales aseguraron que, pese a algunos avances en inspección y obras de infraestructura, los resultados son “claramente insuficientes” frente a la magnitud de la contaminación.
El río Santiago, escenario hace 18 años de la muerte de Miguel Ángel López Rocha por exposición a arsénico, sigue enfrentando niveles críticos de contaminación. Activistas cuestionaron si los avances reportados por autoridades son reales o simples ejercicios discursivos y señalaron que, aunque se reconoce progreso, la remediación sigue siendo parcial.
El Comité de Defensa Ambiental de El Salto y el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario alertaron que el plan mantiene un enfoque “hidráulico”: prioriza la construcción de plantas de tratamiento y colectores, mientras que la inspección industrial y la vigilancia son limitadas. Las industrias, principales responsables de la contaminación, operan en gran medida con asesoramiento voluntario del gobierno federal, lo que reduce la eficacia de las medidas.
Además, los colectivos señalaron que la expansión industrial y los megaproyectos energéticos en la región contrarrestan los beneficios de las obras, y que la ausencia de metas públicas y cuantificables después de 2024 impide evaluar el impacto real. También advirtieron sobre la falta de participación municipal y de un sistema de monitoreo en tiempo real con datos abiertos y un padrón actualizado de descargas industriales.
Las autoridades estatales han reportado cuatro ejes de acción: modernización y construcción de plantas de tratamiento, saneamiento de las cuencas San Andrés, Osorio y San Gaspar, restauración de la zona de El Ahogado y coordinación integral del cauce. Sin embargo, la plataforma MIDE Jalisco indica que la limpieza del río aún no cumple con las metas proyectadas.
El titular de la Comisión Estatal del Agua, Mario López, reconoció que de las 231 plantas de tratamiento, solo 142 operan, lo que evidencia una brecha entre la capacidad instalada y la eficiencia real.
Los colectivos insistieron en que la remediación debe traducirse en programas de salud pública efectivos, ya que las comunidades ribereñas continúan enfrentando enfermedades por exposición prolongada a tóxicos. La muerte de Miguel Ángel sigue siendo un símbolo de la deuda ambiental y de derechos humanos que persiste en la región suroriente de Guadalajara.