Familiares de personas fallecidas durante la pandemia de covid-19 acusan que el avance de demandas contra la empresa Philips ha sido obstaculizado por decisiones judiciales. Entre los casos está el de Alma Pamela DÃaz Juárez, cuyos hijos gemelos quedaron sin padre tras la muerte de Jorge Carlos MartÃnez MartÃnez, quien —según la acción colectiva promovida por abogados pro bono— fue intubado con un ventilador defectuoso de la multinacional.
Las acciones legales, dirigidas tanto contra Philips como contra su distribuidora en el paÃs, Healthcare Systems de México, han enfrentado resoluciones adversas emitidas por las juezas Arantxa RamÃrez Villafuerte y Lidia Verónica Guerrero Quezada, ambas de la Ciudad de México. El pasado 13 de febrero fueron denunciadas ante el Tribunal de Disciplina Judicial de la Federación, encabezado por Celia Maya GarcÃa, por presunto incumplimiento de sus deberes administrativos.
DÃaz Juárez sostiene que la empresa ha logrado evitar responsabilidades en México pese a haber indemnizado en otros paÃses. En entrevista, señaló que existe una percepción de favoritismo judicial hacia la compañÃa, lo que considera un agravio para las familias afectadas.
El litigio se arrastra desde hace varios años. En febrero de 2024, dentro del expediente 1087/2024, un juzgado civil condenó a la firma neerlandesa a pagar 478 millones de pesos a Healthcare Systems de México. Sin embargo, la jueza Guerrero Quezada concedió un amparo a favor de Philips dentro del expediente 358/2025, otorgándole primero suspensión provisional y después definitiva, lo que impidió ejecutar el pago.
El abogado Luis Miguel Velasco Lizárraga, representante de la distribuidora, acusó en su queja que la juzgadora ignoró criterios jurisprudenciales vigentes y actuó sin imparcialidad, favoreciendo a Philips México Commercial, S.A. de C.V. Posteriormente, Healthcare promovió recursos adicionales, pero —según los denunciantes— las resoluciones continuaron beneficiando a la empresa.
Los inconformes también sostienen que Philips incumplió el compromiso de sustituir cuatro mil respiradores señalados como defectuosos, algunos de los cuales aún estarÃan en funcionamiento en hospitales públicos y privados.
En el ámbito penal, Healthcare presentó denuncia ante la FiscalÃa General de la República por presuntas irregularidades procesales. Aunque Guerrero Quezada se excusó en ciertos momentos de seguir conociendo algunos expedientes, posteriormente celebró una audiencia incidental y volvió a conceder suspensión definitiva a favor de la compañÃa, decisión que los quejosos califican de ilegal.
Por ello, solicitaron como medida cautelar que el Tribunal de Disciplina Judicial cambie la adscripción de la jueza y la suspenda mientras se investiga su actuación.
En paralelo, la jueza Arantxa RamÃrez Villafuerte fue señalada por desechar la demanda colectiva presentada en octubre pasado por familiares de vÃctimas. La juzgadora argumentó que los promoventes debÃan acreditar su calidad de albaceas de las personas fallecidas. La abogada Genny Margarita Amelio Mena sostiene que esa exigencia introduce un requisito propio del derecho sucesorio que no está contemplado en los artÃculos 587 y 588 del Código Federal de Procedimientos Civiles ni en el diseño constitucional de las acciones colectivas.
La defensa argumenta que la Suprema Corte ha reconocido que las vÃctimas indirectas tienen legitimación propia para reclamar daños, especialmente en materia de reparación integral. A su juicio, exigir albaceazgo para demandar por daño moral vulnera el acceso a la justicia y el principio pro persona previsto en el artÃculo 1 constitucional.
Contra la decisión de desechar la acción colectiva se interpuso apelación en el expediente 83/2025, actualmente en manos del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, turnado a la magistrada Sara Olimpia Reyes GarcÃa. Los promoventes confÃan en que el órgano colegiado ordene admitir la demanda y permitir que el caso avance.
Jesús RamÃrez Olvera, esposo de MarÃa Teresa EnrÃquez Salazar —fallecida tras ser intubada con un ventilador Philips— expresó su expectativa de que el tribunal reconozca el derecho de las familias a buscar reparación. Señaló que, incluso entre los promoventes, hay quienes sà cuentan con acreditación como albaceas, por lo que esperan una resolución favorable que permita continuar el proceso judicial.