Supervivientes de los campos de internamiento japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, como John Tateishi, recuerdan la actual política migratoria de la administración Trump como un paralelismo inquietante con aquellas detenciones masivas. En su infancia, Tateishi y su familia fueron arrestados sin cargos tras el ataque a Pearl Harbor, una experiencia que ahora consideran similar al clima de miedo y estigmatización que enfrentan migrantes, en su mayoría hispanos y latinos.
La base militar Fort Bliss, en El Paso, Texas, que durante la Segunda Guerra Mundial albergó a japoneses, japoneses-estadounidenses, italianos y alemanes, ha sido reconvertida en un centro de detención para inmigrantes acusados de violar leyes migratorias. Actualmente, el campamento East Montana es uno de los más grandes del país y, en los últimos dos meses, al menos tres personas han fallecido bajo custodia.
La Liga de Ciudadanos Japoneses Estadounidenses calificó el uso de la base como un “desprecio a la memoria y legado” de las más de 125 mil personas de origen japonés encarceladas injustamente durante la guerra. Durante ese período se aplicaron la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y el Decreto 9066, que permitieron arrestos y encarcelamientos incluso de ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa.
En su segundo mandato, Trump invocó esta misma legislación para acelerar deportaciones de venezolanos, a quienes señaló como pandilleros y delincuentes, enviándolos a centros de detención administrados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En septiembre, un tribunal federal declaró ilegal el uso de esa ley, aunque la disputa sigue abierta en los tribunales.
Mientras tanto, la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota ha criticado la negativa del FBI a compartir evidencia sobre la muerte del enfermero Alex Pretti en Minneapolis a manos de agentes migratorios, generando tensiones entre autoridades estatales y federales. Además, un informe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes acusó al gobierno de Trump de mentir para “encubrir mala conducta” en los casos de asesinatos de Pretti y otro detenido identificado como Good.