Compromiso del Estado con Niños en Situación de Orfandad
La Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, reafirmó el compromiso del Estado mexicano de garantizar los derechos de menores y adolescentes que han quedado huérfanos a causa de la violencia feminicida. Durante una reciente reunión interinstitucional, enfatizó que la violencia no solo afecta a las mujeres, sino que también deja impactos duraderos en las comunidades y familias, haciendo de los niños y adolescentes víctimas indirectas de estos delitos.
Consecuencias de la Violencia Feminicida
Godoy explicó que la violencia feminicida tiene consecuencias graves que afectan el desarrollo emocional, social y económico de los menores. En este contexto, el Estado debe implementar acciones decisivas para abordar esta problemática. “El compromiso del Estado mexicano es proteger y garantizar los derechos de aquellos que han perdido a sus madres a causa de la violencia extrema”, subrayó.
Responsabilidades de las Autoridades
La Fiscal hizo hincapié en la responsabilidad de las fiscalías y, en particular, del Ministerio Público, que no solo debe investigar y perseguir el feminicidio, sino también identificar y proteger a los menores afectados. Es crucial que desde el inicio de las investigaciones, los Ministerios Públicos reconozcan formalmente a estos niños como víctimas indirectas, asegurando su acceso a mecanismos de atención y protección. También deben recibir apoyo psicológico, médico y social, favoreciendo su camino hacia la reparación integral del daño.
Respuestas Institucionales y Creación de Registros
La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez, coincidió con Godoy al señalar que la orfandad por feminicidio no puede ser ignorada. Destacó la necesidad de una respuesta institucional integral y articulada que perdure en el tiempo.
Además, anunció la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Orfandad por Feminicidio. Este registro será vital para la coordinación interinstitucional y facilitará una atención operativa y ética, constituyendo un paso crucial para que la atención integral y la reparación del daño se conviertan en políticas públicas efectivas.