Abogada laboral impulsa defensa ante el cierre de plantas tras la quiebra de First Brands Group

Frente a la crisis que afecta a 15 maquiladoras en la frontera norte del país, derivada de la quiebra de la empresa First Brands Group, el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios Movimiento 20/32 busca intervenir en el proceso judicial que se desarrolla en Estados Unidos contra la compañía, por presuntas irregularidades financieras que han impactado a más de 5 mil trabajadores.

Susana Prieto Terrazas, representante legal del sindicato —titular del único contrato colectivo vigente en una de las nueve filiales de la empresa estadounidense— solicitó participar en la próxima audiencia ante la Corte de Bancarrota de Houston, Texas, con el objetivo de exponer la situación que enfrentan los empleados mexicanos.

De acuerdo con la abogada, durante la audiencia celebrada ayer, First Brands argumentó la necesidad de acceder a un financiamiento por 144 millones de dólares para mantener sus operaciones y cubrir el pago de salarios. La empresa advirtió que, de no obtener esos recursos, procedería al cierre de sus instalaciones, lo que implicaría la pérdida de 13 mil empleos en sus distintas filiales.

El juez del caso decidió posponer por dos semanas la resolución sobre la solicitud del préstamo, con el fin de recabar información adicional sobre el estado financiero real de la compañía, explicó Prieto Terrazas.

Ese mismo día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre la detención en Ohio de Patrick James, fundador y ex director ejecutivo de First Brands Group, así como de su hermano, quienes enfrentan cargos por fraude corporativo, delitos que habrían conducido a la quiebra de la empresa en septiembre de 2025.

Según el comunicado oficial, al momento de declararse en bancarrota, First Brands —que reportaba ventas netas anuales cercanas a los 5 mil millones de dólares a nivel global— declaró contar únicamente con 12 millones de dólares en efectivo, frente a pasivos superiores a los 9 mil millones. Las autoridades señalaron que, como resultado de los esquemas fraudulentos atribuidos a los acusados, prestamistas y acreedores ahora enfrentan pérdidas millonarias.

En entrevista, Prieto Terrazas indicó que en plantas como Tridonex-Cardone, en Matamoros, Tamaulipas, y Subensambles Internacionales, existen trabajadores con hasta 30 años de antigüedad, a quienes los asesores legales de la empresa les comunicaron que no había recursos para pagar salarios ni para continuar con las operaciones.

Ante este panorama, la abogada adelantó que se presentará una demanda para solicitar el embargo precautorio de bienes, con el fin de asegurar el pago de las indemnizaciones correspondientes. Asimismo, exhortó a los trabajadores a mantener guardias en cualquier instalación vinculada a First Brands.

Por otro lado, Serafín Garza, líder de la Federación Autónoma de Sindicalismo Independiente en México, señaló que en las plantas de Subensambles y JPP existen posibles interesados en adquirirlas. Precisó que en estos centros de trabajo se emplazó a huelga como una medida preventiva para garantizar las liquidaciones de los empleados.

En contraste, Garza consideró que las cuatro plantas de BPI Manufacturing en Ciudad Juárez, Chihuahua —donde cuenta con constancias de representatividad— no resultan atractivas para potenciales compradores, ya que, según afirmó, “no son rentables”.