Los talibanes han presentado un nuevo código penal que imprime su interpretación de la ley islámica en Afganistán, con un enfoque preocupante en la opresión de las mujeres. Esta legislación ha generado serias preocupaciones entre organismos de derechos humanos y la comunidad internacional.
Firmado por el líder supremo del grupo, Hibatullah Akhundzada, el código penal de 90 páginas introduce prácticas retrógradas, creando un nuevo sistema de castas en la sociedad afgana. Este sistema concede inmunidad a los líderes religiosos, mientras que los miembros de la clase trabajadora se enfrentan a castigos severos. Las estipulaciones anacrónicas incluyen diferentes niveles de castigo según el estatus del delincuente, diferenciando entre “libres” y “esclavos”.
Una de las cláusulas más alarmantes equipara a las mujeres con los “esclavos”, permitiendo a sus esposos y amos imponer castigos físicos de manera discrecional. Esto plantea un grave riesgo para la seguridad y los derechos de las mujeres en el país, que ya han sufrido ataques sistemáticos a su libertad y dignidad humanas.
Según una copia del código, conocida como De Mahakumu Jazaai Osulnama, distribuida en los tribunales afganos, los castigos corporales por delitos graves no serán administrados por servicios penitenciarios, sino por clérigos islámicos, lo que resalta la conversión del sistema judicial en una herramienta de control social.
La reacción de la sociedad ha sido de miedo y silencio. Muchas personas temen manifestarse en contra del código, incluso de forma anónima, debido a las posibles represalias de los talibanes. La difusión de descontento en línea y por parte de activistas en el extranjero ha llevado al régimen talibán a declarar que cualquier discusión sobre el nuevo código constituye un delito, limitando aún más la libertad de expresión.
Las organizaciones de derechos humanos han indicado que esta legislación no solo afecta a los ciudadanos afganos, sino que también tiene repercusiones importantes a nivel internacional. La implementación del nuevo código penal marca un retroceso significativo en el avance de los derechos humanos en Afganistán, generando preocupaciones sobre el futuro del país bajo el régimen talibán.
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