La falta de ingresos se mantiene como la principal preocupación de las personas migrantes en situación irregular que residen en México. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cerca del 65 % de esta población no tiene trabajo actualmente.
El organismo internacional, a partir de encuestas aplicadas en distintas regiones del país, identificó que dentro de ese grupo sin empleo, aproximadamente el 40 % se encuentra buscando activamente una oportunidad laboral. Entre quienes sí trabajan, la informalidad predomina: solo el 10 % cuenta con un contrato formal, mientras que apenas el 34 % recibe un ingreso regular.
A este panorama se suma otro segmento de población extranjera que ya dispone de una condición migratoria regular. Aun así, estas personas también enfrentan dificultades para acceder a empleos formales que les permitan establecerse de manera estable en el país.
Frente a este escenario, la OIM México subrayó que la contratación de personas migrantes no solo es viable, sino que representa una ventaja estratégica para el sector empresarial. Según el organismo, la inclusión laboral de esta población puede reducir la rotación de personal, permitir un crecimiento sostenido de las plantillas, aumentar la productividad y fortalecer la competitividad de las empresas.
En una guía práctica dirigida a empleadores, la OIM destacó que diversos estudios internacionales muestran que las personas migrantes suelen registrar menores tasas de rotación en sectores donde inicialmente enfrentan barreras para ingresar al mercado laboral.
Además, el organismo recordó que la migración internacional tiene un impacto económico relevante. Con base en datos del Banco Mundial de 2023, se estima que aporta hasta el 9,4 % del producto interno bruto en países de altos ingresos y entre 1,4 % y 2 % en economías de ingreso medio-alto, como la mexicana.
En el plano legal, la OIM explicó que el artículo 1º de la Constitución mexicana obliga a todas las autoridades a promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de origen. Asimismo, el artículo 123 reconoce el derecho al trabajo digno para cualquier persona.
De igual forma, la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 2 y 3, establece el derecho a un empleo digno y decente sin discriminación por nacionalidad, condición migratoria, género u otras características personales. A esto se suma la Ley de Migración, cuyo artículo 52 contempla distintas condiciones de estancia que permiten a las personas migrantes realizar actividades remuneradas, como las visas por razones humanitarias, de trabajador fronterizo o de residencia.