Un juez federal en Nashville ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) entregar correos electrónicos internos y otros registros que evidencian que altos funcionarios presionaron para presentar cargos criminales contra Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño deportado ilegalmente en marzo, informó USA Today.
La jueza Waverly Crenshaw, quien emitió la orden, revisó documentos recientes que sugieren que no solo el fiscal federal interino para el Distrito Medio de Tennessee, Rob McGuire, sino también otros altos mandos del DOJ, participaron en la decisión de acusar a Abrego García.
Los fiscales federales sostienen que dichos funcionarios brindaron “supervisión adecuada” en un caso que involucra a múltiples agencias. Sin embargo, los abogados de Abrego García argumentan que la única decisión realmente “independiente” de McGuire fue acatar la directiva de la Fiscalía General Adjunta o arriesgarse a perder su cargo como fiscal interino.
Crenshaw programó una audiencia probatoria para el 26 de enero, en la que el gobierno deberá responder a la acusación de que el procesamiento contra Abrego García podría haber sido motivado por represalia.
Abrego García, de 30 años, enfrenta dos cargos por presunta conspiración para transportar extranjeros indocumentados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Tennessee. Sus abogados, incluyendo a Sean Hecker y Rascoe Dean, han solicitado que se desestimen los cargos alegando un posible proceso vengativo. En octubre, Crenshaw ya había determinado que existía al menos alguna evidencia de que el gobierno pudo haber actuado por venganza.