Más de cien expertos del ámbito jurídico y académico, entre ellos el exmagistrado español Baltasar Garzón, firmaron un manifiesto contra la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, tras la operación que culminó en la detención del presidente Nicolás Maduro, denunciando lo que consideran una violación del derecho internacional.
El documento, publicado por distintos medios internacionales, hace un llamado a la comunidad internacional y a los órganos competentes de la ONU para que garanticen el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y se esclarezcan los hechos con el fin de evitar precedentes que puedan erosionar gravemente el orden jurídico internacional.
Los firmantes subrayan que el uso de la fuerza armada contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado soberano está prohibido de manera clara por el Artículo 2.4 de la Carta de la ONU, considerado una norma de carácter imperativo (ius cogens), que solo permite excepciones en casos de legítima defensa reconocida o autorización explícita del Consejo de Seguridad, condiciones que, según el texto, no se dieron en esta intervención.
El manifiesto también sostiene que la privación de libertad de Maduro por parte de fuerzas militares extranjeras es incompatible con el régimen de inmunidad de jefes de Estado en ejercicio, una protección reconocida por el derecho internacional consuetudinario, y que la acción emprendida podría constituir un “crimen de agresión”, una de las violaciones más graves del orden jurídico internacional debido a su impacto sobre la paz, la seguridad y los derechos fundamentales de los pueblos.
Además de Garzón, entre los firmantes figuran otros juristas destacados como Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno de España contra la violencia de género, y el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, así como académicos, magistrados actuales y jubilados, catedráticos de derecho internacional y expertos en derechos humanos.
El manifiesto enfatiza la necesidad de que los Estados y las Naciones Unidas actúen para evaluar las consecuencias jurídicas de lo ocurrido y asegurar que no se normalicen acciones que puedan debilitar los principios de soberanía, no intervención y resolución pacífica de controversias consagrados en la legislación internacional.