El Banco de México abrió una consulta pública para actualizar la normativa que regula a las cámaras de compensación, es decir, las plataformas encargadas de procesar y liquidar las operaciones de pago realizadas con tarjetas en el país.
De acuerdo con el documento de consulta difundido este martes, la iniciativa busca modernizar el marco regulatorio aplicable a estas entidades, con el fin de reforzar la seguridad y elevar la eficiencia en el sistema de pagos con tarjeta.
Las cámaras de compensación cumplen la función de verificar y canalizar las transacciones cuando un usuario paga con tarjeta, asegurando que los recursos se transfieran correctamente del banco del cliente al banco del comercio, mediante la validación de montos, participantes y destinatarios del pago.
La propuesta del banco central se estructura en cuatro ejes principales: dos orientados a la eficiencia —interoperabilidad y competencia— y dos enfocados en la seguridad —gestión de riesgos y adopción de estándares internacionales—.
En el ámbito de la eficiencia, el proyecto plantea fortalecer las reglas de interoperabilidad entre cámaras, lo que permitiría reducir costos de transacción para los participantes al interactuar con distintas redes de pago. Para los usuarios finales, esto se traduciría en un uso más flexible de tarjetas y terminales punto de venta, sin restricciones derivadas de la red utilizada.
Asimismo, se propone impulsar la competencia mediante la diversificación de los servicios que ofrecen las cámaras vinculadas a las distintas redes de pago con tarjeta. El planteamiento también contempla limitar barreras de entrada y prácticas de exclusividad, facilitando así la incorporación de nuevos participantes, incluidos intermediarios de menor escala y empresas tecnológicas.
En materia de seguridad, el proyecto promueve la adopción de estándares internacionales para proteger la confidencialidad de la información, mediante el fortalecimiento de estrategias de ciberseguridad y de los requisitos de gobierno corporativo. Además, se plantean mejores prácticas para la gestión de riesgos operativos y de liquidez, así como mecanismos de comunicación ante eventuales escenarios que pongan en riesgo la continuidad de las operaciones.
La consulta pública inició el 30 de diciembre de 2025 y permanecerá abierta hasta las 18:00 horas del 4 de febrero de 2026.
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