Cuando el presidente Donald Trump anunció la sorpresiva captura de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para llevarlo ante la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico, presentó a la vicepresidenta y figura clave del chavismo, Delcy Rodríguez, como la interlocutora ideal de Washington para encauzar la estabilidad de Venezuela en medio de la crisis de drogas, corrupción y colapso económico.
Sin embargo, quedó fuera del discurso oficial el largo historial de sospechas que ha acompañado a Rodríguez desde antes de asumir como presidenta interina del país a inicios de este mes.
Documentos y testimonios obtenidos por The Associated Press indican que Rodríguez ha sido objeto de seguimiento por parte de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) durante varios años y que, en 2022, incluso fue clasificada como “objetivo prioritario”, una categoría reservada para personas consideradas con un impacto relevante en el tráfico de estupefacientes, según registros internos y declaraciones de más de media docena de funcionarios policiales estadounidenses, actuales y retirados.
De acuerdo con esa información, la DEA ha elaborado desde al menos 2018 un expediente de inteligencia sobre Rodríguez, en el que se detallan vínculos, presuntas redes de colaboradores y señalamientos que van desde narcotráfico hasta contrabando de oro. Un informante confidencial aseguró a la agencia a comienzos de 2021 que Rodríguez utilizaba hoteles en la Isla de Margarita como supuesta fachada para el lavado de dinero. Incluso el año pasado fue relacionada con Alex Saab, señalado como operador cercano a Maduro y detenido en 2020 por lavado de dinero.
Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha presentado cargos formales contra Rodríguez. Tampoco figura entre la docena de altos funcionarios venezolanos acusados de narcotráfico junto con Maduro.
El nombre de la funcionaria aparece en cerca de una docena de investigaciones de la DEA, varias aún activas, que involucran oficinas desde Paraguay y Ecuador hasta Phoenix y Nueva York. AP no logró identificar el foco específico de cada indagatoria.
Tres agentes actuales y anteriores de la DEA señalaron que los documentos reflejan un interés sostenido en Rodríguez durante buena parte de su gestión como vicepresidenta, iniciada en 2018. Hablaron bajo anonimato, al no estar autorizados a comentar investigaciones en curso.
Los registros no precisan las razones concretas por las que fue designada “objetivo prioritario”, una categoría que exige sustento documental para destinar mayores recursos de investigación, pero que no implica necesariamente una acusación penal. La DEA mantiene cientos de personas bajo esa clasificación en todo momento.
“Su ascenso político explica que llamara la atención de las autoridades”, explicó Kurt Lunkenheimer, ex fiscal federal en Miami con experiencia en casos vinculados a Venezuela. “Pero una cosa es ser investigado y otra muy distinta contar con pruebas suficientes para una acusación”.
El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió a solicitudes de comentarios. Tampoco lo hicieron la DEA ni el Departamento de Justicia. La Casa Blanca remitió a AP a declaraciones previas de Trump, quien dijo haber sostenido una “muy buena conversación” con Rodríguez, un día antes de que ella se reuniera en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe.
Tras la captura de Maduro, Trump comenzó a elogiar públicamente a Rodríguez, a quien describió como una “persona estupenda” y con contacto directo con altos funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.
El renovado interés en Rodríguez coincide con los esfuerzos de Trump por posicionarla como administradora clave de los intereses de Estados Unidos en una Venezuela posterior a Maduro, según Steve Dudley, codirector de InSight Crime.
“El régimen venezolano funciona como una estructura híbrida donde el delito es parte del sistema”, afirmó Dudley. “Para alcanzar poder, al menos se toleran prácticas ilícitas. No es una falla, es la lógica del régimen”.
La líder opositora María Corina Machado coincidió con ese diagnóstico tras reunirse con Trump en la Casa Blanca. “El sistema judicial estadounidense tiene información suficiente sobre ella. Su perfil está claro”, dijo.
Rodríguez, de 56 años, escaló en el poder como aliada incondicional de Maduro, con quien comparte una marcada orientación ideológica de izquierda. Pese a su discurso crítico hacia Estados Unidos, impulsó gestiones para atraer inversión estadounidense durante el primer mandato de Trump, incluso mediante cabilderos cercanos al entonces presidente y aportaciones económicas a su comité inaugural.
Esa estrategia se frustró cuando Washington endureció su postura y, en 2018, sancionó a Rodríguez por su papel en la consolidación del poder de Maduro. La Unión Europea también la sancionó previamente, aunque esas medidas se centraron en su impacto sobre la democracia, no en presuntos delitos financieros.
Ex agentes de la DEA sostienen que los indicios acumulados reflejan la dinámica de corrupción en la cúpula venezolana. Registros citados por AP mencionan supuestos vínculos de Rodríguez con operaciones de lavado en la Isla de Margarita y con contratos estatales otorgados a Saab y a empresarios ligados a su entorno familiar.
En conjunto, estas investigaciones ilustran cómo se ha ejercido el poder en Venezuela durante años y colocan a Rodríguez bajo una constante presión. Analistas señalan que esa situación le otorga a Washington un elemento de influencia adicional, ante el riesgo de que, si no coopera, pueda enfrentar un destino judicial similar al de Maduro.