Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca (DIF estatal) denunciaron presuntos casos de maltrato sicológico y explotación infantil en albergues bajo su administración, sin que —afirman— se hayan iniciado investigaciones o aplicado sanciones desde que presentaron las quejas en enero de 2025.
El organismo es encabezado por su presidenta honoraria, Irma Bolaños Quijano, esposa del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.
Señalamientos internos
De acuerdo con documentos difundidos por trabajadores sindicalizados, adscritos a delegaciones del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado, existirían presuntas redes de poder al interior del DIF que incurrirían en:
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Nepotismo
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Tráfico de influencias
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Maltrato sicológico
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Explotación laboral de menores resguardados en casas hogar
En un escrito de seis páginas, los denunciantes señalan directamente a funcionarias responsables de la coordinación de albergues y de dos casas hogar, a quienes acusan de asignar a menores a actividades que describen como “trabajos físicos y servicios de servidumbre”.
Presunta explotación y uso de recursos
Los trabajadores sostienen que algunos menores serían obligados a elaborar y vender alimentos y bebidas en módulos instalados en el parque Primavera y en el Centro de Desarrollo Comunitario Pilares, en la ciudad de Oaxaca. Afirman además que se utilizarían insumos destinados a las casas hogar para esas actividades comerciales, lo que afectaría el abastecimiento interno.
También denunciaron que algunos menores que se han negado a participar en dichas actividades habrían sido objeto de presiones sicológicas y castigos, incluyendo el encierro en una cámara de Gesell como medida disciplinaria.
Adicionalmente, señalaron que menores albergados habrían sido enviados a trabajar en establecimientos privados de la capital oaxaqueña, entre ellos restaurantes y cafeterías vinculadas presuntamente a exfuncionarios del propio DIF.
Falta de insumos y presunto mal manejo de recursos
En el documento se exige investigar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, ya que —según los denunciantes— no se estarían adquiriendo artículos básicos de higiene personal ni ropa interior para los menores, pese a existir partidas presupuestales asignadas.
Instancias notificadas
Las quejas fueron presentadas ante diversas autoridades estatales, entre ellas:
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La Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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La Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca.
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La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Estado.
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La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
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La oficina del Ejecutivo estatal.
Los trabajadores afirman que, a un año de haber presentado las denuncias, no se han hecho públicos resultados de investigación ni se han impuesto sanciones administrativas o penales, salvo la destitución reciente de un exjefe de recursos humanos tras un paro laboral de ocho días realizado por empleados para exigir su cese.
Contexto
Las acusaciones, de comprobarse, implicarían posibles violaciones a la legislación en materia de derechos de la niñez, así como responsabilidades administrativas y penales por explotación laboral y maltrato. Hasta el momento, las autoridades señaladas no han informado públicamente sobre avances formales en las indagatorias relacionadas con estos señalamientos.