La problemática ambiental en la cuenca de los ríos Río Atoyac y Río Zahuapan presenta un panorama alarmante: se han identificado más de 4 mil 900 puntos de vertido que descargan contaminantes de manera permanente a lo largo de 110 kilómetros.
La mayoría de estos focos de contaminación no corresponden a la industria, sino que tienen origen doméstico y municipal, informó Alejandro Isauro Martínez Orozco, comisionado Nacional del Saneamiento del Río Atoyac, durante una conferencia realizada en la comunidad de Juárez Coronaco, en el municipio de San Matías Tlalancaleca.
El funcionario detalló que 95 por ciento de las descargas detectadas provienen de viviendas y sistemas municipales de drenaje, mientras que el resto corresponde a actividades industriales, las cuales, aunque representan menor volumen, implican mayores desafíos legales y por su nivel de toxicidad.
Martínez Orozco explicó que, como parte de las acciones de recuperación, en el primer tramo de intervención del Atoyac —que abarca los municipios de Tlalancaleca y Tlahuapan— se han eliminado 319 descargas domiciliarias y cinco conexiones pertenecientes a redes de drenaje locales.
En cuanto al sector industrial, indicó que se han localizado vertidos irregulares que actualmente son rastreados a lo largo del cauce del afluente.
Para enfrentar este escenario, señaló que se trabaja de manera coordinada con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mediante un programa de auditorías ambientales que ya ha derivado en procedimientos judiciales.
“Existe un número considerable de industrias con tomas clandestinas. Las estamos identificando mediante inspecciones conjuntas con Profepa y Conagua, y este año se realizarán más de 80 visitas”, afirmó.
Planes de inversión e infraestructura
El gobierno federal prevé destinar en 2026 una inversión de 800 millones de pesos para continuar con el saneamiento del segundo tramo del Atoyac, recursos que se dividirán en partes iguales entre Puebla y Tlaxcala.
Entre las acciones contempladas se encuentra el fortalecimiento de cinco plantas de tratamiento: San Juan Cuauhtémoc, Las Flores, Domingo Arenas, Calpan y San Lucas el Grande, además de la ejecución de 80 nuevas inspecciones al sector industrial en seis municipios considerados estratégicos.
También se proyecta instalar un centro de monitoreo permanente para el río Atoyac, replicando el modelo que ya se implementa en Tlaxcala para el Zahuapan.
Aunque se han firmado acuerdos con cámaras industriales —especialmente del sector textil en Tlaxcala—, Martínez Orozco reconoció que la regularización aún no es completa, por lo que la identificación de contaminadores seguirá siendo prioridad en la agenda ambiental de 2026.
Por su parte, la delegada de Conagua en Puebla, Beatriz Torres Trucios, explicó que algunas empresas utilizan como intermediario el sistema de drenaje municipal para verter sus aguas residuales sin tratamiento previo al Atoyac.
Esta práctica, señaló, diluye la responsabilidad directa de las compañías y traslada la carga legal a los ayuntamientos, que por ley deben supervisar lo que ingresa a su infraestructura.
Tras un diagnóstico exhaustivo realizado “paso a paso” a lo largo del cauce, se detectó que muchas industrias no cuentan con una descarga directa hacia el río federal, sino que infiltran sus desechos en redes locales.
Ello genera complicaciones de supervisión, ya que al mezclarse con aguas domésticas, los contaminantes industriales —incluidos metales pesados y compuestos químicos complejos— dificultan el tratamiento en plantas municipales que no están diseñadas para procesar ese tipo de residuos.
“Cero tolerancia” a la impunidad
Pese a los retos técnicos, la delegada de Conagua aseguró que ya existen consecuencias legales y que, cuando se acredita daño ambiental irreversible, los casos se turnan a instancias penales.
“No hay impunidad en este tema. Ya tenemos una empresa ante la Fiscalía General de la República por descargas al río Atoyac y daño ambiental”, informó, sin revelar el nombre de la compañía para no afectar el debido proceso.
La funcionaria subrayó que la recuperación del Atoyac no depende únicamente de voluntad política, pues cumplir con los estándares ambientales requiere tecnología avanzada y fuertes inversiones que no todas las empresas están dispuestas a asumir.
En ese sentido, exhortó a los municipios a hacer cumplir la NOM-002-Semarnat-1996, norma que establece los límites de contaminantes permitidos en sistemas de alcantarillado urbano.
De acuerdo con esta regulación, cualquier industria que pretenda conectarse al drenaje debe tratar previamente sus residuos hasta alcanzar niveles que no afecten la red ni el ecosistema receptor final.
Finalmente, destacó que se están formalizando convenios con cámaras empresariales, como la de la industria textil, con el propósito de regularizar operaciones.
El objetivo es conformar un frente coordinado entre municipios, estados y Federación para que la responsabilidad ambiental deje de ser opcional y se convierta en una práctica efectiva y permanente.