Guayaquil. El gobierno ecuatoriano iniciará este domingo por la noche un plan de dos semanas dirigido a combatir las bandas narcotraficantes, con el apoyo de Estados Unidos y con estrictos toques de queda en las regiones más afectadas por la violencia.
Desde el 30 de abril hasta el 31 de marzo, los ciudadanos de las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro tendrán prohibido salir de sus hogares entre las 23:00 y las 05:00 horas. Los únicos exentos son aquellos que posean un boleto de avión, personal de salud y del servicio de emergencias. Esta medida ha generado preocupación entre los habitantes, especialmente entre trabajadores nocturnos y dueños de negocios.
Martha Ladines, una panadera de 28 años en Guayaquil, expresó su descontento: “Nos han dicho que esa hora no se recupera porque hay turnos de los otros compañeros, y nos descontarán del sueldo”, comentó esta madre de dos niños. Muchos habitantes, como ella, enfrentan dificultades debido a esta restricción horaria.
Se desplegarán 75 mil militares y policías en operativo conjunto, que incluirá el uso de camionetas blindadas, motocicletas y helicópteros, según lo informado por el Ministro de Interior, John Reimberg. A pesar de los refuerzos, el gobierno ha mantenido limitados detalles sobre la misión y si habrá despliegue de efectivos estadounidenses en el territorio ecuatoriano.
El presidente Daniel Noboa, alineado con la estrategia de combate al narcotráfico de Estados Unidos, ha implementado una política de mano dura desde hace más de dos años. Sin embargo, las cifras de homicidios y otros delitos continúan en aumento. Ecuador, aunque no produce cocaína, se ha convertido en un importante centro de tránsito para la droga que se dirige a Estados Unidos.
La situación se ha deteriorado significativamente; Ecuador pasó de ser considerado un lugar de paz a tener una de las tasas de homicidio más elevadas en América Latina, con 52 muertes por cada 100 mil habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado. La violencia no solo afecta a los narcotraficantes; la población local sufre las consecuencias de esta lucha armada.
El gobierno ecuatoriano forma parte de una alianza de 17 países creada bajo la administración de Donald Trump para combatir el narcotráfico en la región. Esta colaboración comenzó a principios de este mes en Miami, bajo el nombre de “Escudo de las Américas”.
Esta ofensiva ha generado divisiones entre los ecuatorianos, ya que algunos organismos de derechos humanos han denunciado excesos en el uso de la fuerza durante los estados de excepción implementados por Noboa desde su llegada al poder en noviembre de 2023. A pesar de estas preocupaciones, algunos ciudadanos, como Luis Villacís, un guardia de seguridad de 58 años, consideran necesarias estas medidas: “El toque de queda será duro para muchos por el trabajo, pero se necesita para tratar de controlar la inseguridad que vivimos”.
Las sanciones para quienes incumplan las limitaciones del toque de queda pueden ascender a penas de hasta tres años de prisión.
A pesar del respaldo a las medidas de seguridad, los ecuatorianos han votado en contra del regreso de bases militares extranjeras al país en un referendo impulsado por Noboa.
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