El ex secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega, se entregó a las autoridades estadounidenses en Irlanda, según un informe del medio local Ríodoce. Este acontecimiento se produce en el contexto de acusaciones graves que enfrenta por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Llevando meses de vacaciones en Irlanda, Díaz Vega envió abogados a Estados Unidos para buscar un acuerdo legal tras la revelación de los cargos en su contra el pasado 29 de abril. Las acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. no solo incluyen a Díaz Vega, sino que también afectan a otros diez altos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre los que se encuentran el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, ambos del partido Morena.
La lista de acusaciones contra Díaz Vega es extensa. Se le imputa “conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos”, entre otros delitos. En caso de ser hallado culpable, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o a cadena perpetua.
La acusación formal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York menciona conexiones específicas entre Díaz Vega y la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las autoridades afirman que el exfuncionario y el gobernador se reunieron con los hijos de “El Chapo” antes de las elecciones de 2021, las cuales ganó Rocha Moya. A través de estas interacciones, se alega que Díaz Vega proporcionó información valiosa para intimidar a sus oponentes políticos.
Se sostiene que durante la jornada electoral, sicarios del cártel robaron papeletas y urnas, secuestraron a rivales de Morena y los amenazaron para que se retiraran de la contienda. Extractos de la acusación revelan que los líderes del cártel instruyeron a la población de Sinaloa a votar por Rocha Moya.
Otros funcionarios también implicados en esta trama incluyen al vicefiscal de Sonora, Dámaso Castro Zaavedra, además de varios mandos policiales de Culiacán. La manipulación electoral y la intimidación de opositores han sido temas recurrentes en reportes previos, como los de Ríodoce, que documentaron el secuestro de más de 100 operadores de la oposición en 2021.
A medida que el caso avanza, la presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado “pruebas contundentes” de las acusaciones desde EE. UU. para facilitar los trámites de extradición pertinentes.
Recientes reportes señalan que el general retirado Gerardo Mérida, ex titular de Seguridad Pública de Sinaloa, también fue detenido por las autoridades estadounidenses en Arizona, lo que sugiere que la operación para desmantelar redes de corrupción en Sinaloa sigue avanzando.
El panorama se complica para los funcionarios implicados, en un contexto de creciente presión internacional sobre el narcotráfico y la corrupción en México.
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