Los gobernadores de México tienen como plazo hasta el último dÃa de enero de 2026 para presentar ante sus Congresos locales las iniciativas de reforma legislativa necesarias para armonizar sus marcos jurÃdicos en materia de combate a la extorsión, según informaron la SecretarÃa de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esta medida forma parte de los acuerdos asumidos por autoridades federales y estatales en el Consejo de Seguridad Pública.
Por su parte, la FiscalÃa General de la República (FGR) deberá emitir un manual operativo para las fiscalÃas o unidades especializadas en la recepción de denuncias, investigación y persecución de delitos de extorsión a más tardar el último dÃa hábil de febrero de 2026.
El Diario Oficial de la Federación publicó también el acuerdo 07/LII/2025, que establece los Lineamientos de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Este acuerdo busca garantizar que la base de datos cuente con la estructura técnica y tecnológica necesaria para su adecuado funcionamiento. El SESNSP deberá emitir los lineamientos para su operación, funcionamiento y conservación en un plazo máximo de 60 dÃas naturales a partir de mañana.
Otro de los compromisos establece que, a más tardar el último dÃa hábil de agosto de 2026, el SESNSP, en coordinación con la SecretarÃa de las Mujeres, deberá actualizar el Modelo Nacional de Centros de Justicia para las Mujeres.
Además, se acordó que los mecanismos de certificación policial deben contar con la metodologÃa de la Certificación Básica Policial (CBP) a más tardar el último dÃa hábil de junio de 2026. Esto garantizará una transición ordenada del Certificado Único Policial (CUP) hacia la CBP, alineada con la PolÃtica Nacional de Acreditación y Certificación de las Instituciones de Seguridad Pública, asegurando que los procesos de certificación contribuyan al desarrollo y profesionalización de los cuerpos policiales.