Un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados concluye que la gestión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por David Colmenares Páramo, ha debilitado la función de fiscalización superior. El documento señala una caída significativa en la presentación de denuncias, demoras prolongadas en la integración de expedientes y omisiones que podrían derivar en la prescripción de delitos.
De acuerdo con la evaluación —la única instancia con facultad para revisar el desempeño del órgano auditor—, en casi diez años la ASF ha promovido 367 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero únicamente ha logrado cuatro sentencias condenatorias firmes contra cinco personas. La UEC advierte que este resultado, equivalente a apenas 1.09 por ciento del total de denuncias, incrementa el riesgo de impunidad en casos de conductas graves.
El informe subraya que los tiempos excesivos para integrar y presentar querellas ante la fiscalía especializada son un problema central. Se identificaron lapsos de hasta siete años entre la detección de irregularidades y la formalización de la denuncia, lo que coloca numerosos expedientes en riesgo de prescripción. Además, la ASF no realiza cálculos internos sobre los plazos legales ni prioriza los asuntos críticos, lo que la UEC califica como una “deficiencia estructural”.
La evaluación se da en la etapa final del mandato de Colmenares Páramo, iniciado en 2018 y que concluye el 15 de marzo. En este contexto, el auditor superior ha manifestado su intención de contender por un segundo y último periodo de ocho años, proceso que deberá convocar la Cámara de Diputados en los próximos días.
El documento también reporta una tendencia descendente en la promoción de denuncias derivadas de la revisión de la cuenta pública. Mientras en la fiscalización correspondiente a 2020 se interpusieron 17 denuncias, en 2021 fueron dos y en 2022 solo una. Hasta septiembre de 2025 no se había presentado ninguna vinculada con la cuenta pública 2023. De 30 denuncias analizadas entre 2019 y 2023, 28 permanecen en fase de integración —93 por ciento— y solo una ha sido judicializada.
En el ámbito administrativo el escenario es similar. De mil 833 promociones de responsabilidad por faltas graves presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, apenas 1.9 por ciento ha concluido, y únicamente 18 resoluciones han determinado responsabilidad acreditada. La mayoría de los procedimientos sigue en etapa de substanciación, con rezagos que también podrían traducirse en prescripción.
La UEC advierte que este panorama puede erosionar la confianza ciudadana, debilitar la lucha contra la corrupción y generar cuestionamientos sobre la eficacia y el uso de los recursos públicos destinados a la fiscalización superior.