La juez de control Patricia Sánchez Nava ha decidido vincular a proceso a Javier Tapia Santoyo, quien se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Tapia enfrenta cargos por uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por ejercicio abusivo de funciones, delitos que pueden llevar a penas de hasta 18 años de prisión.
A pesar de las solicitudes del Ministerio Público federal para que se le aplicara prisión preventiva justificada, la jueza rechazó dicha petición. Durante la audiencia, el Ministerio Público argumentó que Tapia no solo contaba con identificaciones que mostraban dos domicilios distintos en la Ciudad de México y uno más en Guerrero, sino que también había registrado veinte ingresos al país entre 2020 y 2025 desde San Diego, utilizando diferentes aerolíneas, como Air France, British Airways y Aeroméxico.
Como parte de las medidas cautelares, a Tapia se le ha prohibido salir del país y deberá entregar su pasaporte y visa. Asimismo, se ha dispuesto que firme una vez al mes para garantizar su presencia durante el proceso.
La situación de Tapia comenzó a materializarse desde finales de noviembre del año pasado, cuando fue suspendido temporalmente de su puesto por órdenes de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Dicho organismo inició la investigación por la presunta comisión de falta administrativa grave, incluyendo desvío de recursos y enriquecimiento oculto.
El 29 de noviembre, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, instruyó a la Abogado General del Politécnico, Marx Yazalde Ortiz Correa, para que se llevara a cabo esta suspensión mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado a Tapia por adjudicar tres contratos que suman 11 millones de pesos a una empresa que calificó como “facturera”, cuando ocupaba el cargo de tesorero en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Adicionalmente, otros dos exfuncionarios, Roberto Alberto Rodríguez Briseño y María Dolores Arellano Semas, también han sido vinculados a este caso y se les ha impuesto las mismas restricciones de no salir del país y firmar de manera mensual.
Durante la audiencia inicial, que tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente y duró aproximadamente cuatro horas, se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria que concluirá el 6 de julio. Tanto la defensa de Tapia como la FGR deberán presentar los datos de prueba que sustentarán sus posiciones en el juicio correspondiente a la causa penal 673/2025.
Las indagatorias del Ministerio Público han revelado que los contratos en cuestión fueron otorgados a Interacción Biomédica, una empresa que fue incluida en 2017 en la lista de “empresas fachada” del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este hallazgo ha generado aún más interrogantes sobre las prácticas de manejo de recursos dentro del IPN, un tema que sigue en el centro del debate sobre la transparencia y la corrupción en las instituciones públicas.
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