La Fiscalía General de la República (FGR) publicó un acuerdo que abre la puerta a un trato excepcional para los servidores públicos de la institución que presenten su declaración patrimonial fuera del plazo legal, siempre que no exista afectación a la Hacienda Pública Federal.
El documento, difundido en el Diario Oficial de la Federación, establece que la Unidad de Denuncias e Investigaciones podrá abstenerse, por una sola ocasión, de calificar la conducta y de elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa en casos de presentación extemporánea de las declaraciones patrimoniales de inicio, modificación o conclusión.
La medida entrará en vigor a partir de mañana y, en la práctica, impedirá la aplicación de la fracción II del artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que significa que no se iniciará un procedimiento sancionador contra el funcionario involucrado bajo esos supuestos.
El acuerdo precisa que la abstención solo procederá cuando el expediente del servidor público esté debidamente integrado y cuente con los elementos necesarios para advertir la existencia de una posible irregularidad administrativa, dejando constancia formal de la omisión y de las circunstancias en que ocurrió.
Asimismo, la FGR deberá notificar al funcionario beneficiado, informándole expresamente que esta determinación es excepcional, se concede por única ocasión y no generará antecedente alguno que pueda ser invocado ante futuros incumplimientos.
El documento también aclara que los servidores públicos que incurran en omisiones posteriores a la entrada en vigor del acuerdo no podrán acogerse automáticamente a esta abstención. No obstante, se contempla una excepción: si durante la integración del expediente y a requerimiento de la Unidad de Denuncias o Investigaciones el funcionario presenta la declaración omitida dentro de un plazo de 30 días naturales, podrá evitarse el inicio del procedimiento administrativo.
Con este acuerdo, la FGR introduce un criterio de flexibilidad administrativa que busca regularizar incumplimientos formales sin activar de inmediato mecanismos sancionadores, siempre que no exista daño patrimonial ni reincidencia por parte de los servidores públicos.
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