La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, destacó que la problemática de la desaparición de personas en México no tiene fronteras y requiere de una colaboración estrecha entre las fiscalías, diversas áreas del gobierno y colectivos de búsqueda. En el “Encuentro Nacional 2026: Investigación y Persecución de Desaparición de Personas”, enfatizó la importancia de unificar criterios de investigación y mejorar el intercambio de información entre las instituciones involucradas.
Godoy Ramos subrayó que la principal prioridad es localizar a las personas desaparecidas, y que debe hacerse de manera urgente y, siempre que sea posible, con vida. Además, resaltó la necesidad de investigar a fondo y llevar ante la justicia a los responsables, imponiendo penas que sirvan como disuasivo. “Este delito afecta profundamente el tejido social y plantea la necesidad de una respuesta coordinada y humana”, concluyó.
Durante su intervención, la Fiscal General hizo hincapié en que los funcionarios encargados de la procuración de justicia tienen la clara responsabilidad de realizar investigaciones eficaces y con apego a la legalidad. “Debemos garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, siempre centrando nuestras acciones en las víctimas”, agregó.
En el mismo evento, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en representación de la Secretaría de Gobernación, afirmó que la búsqueda de personas desaparecidas es una de las prioridades del Gobierno de México. Este enfoque se basa en una estrategia integral que promueve la coordinación interinstitucional y cuyo objetivo es la localización de los desaparecidos.
El subsecretario indicó que el esfuerzo conjunto se dirige a acciones concretas en el terreno, utilizando herramientas especializadas y ofreciendo apoyo a las familias. Este compromiso busca garantizar verdad, memoria y justicia. “Colocando siempre a las personas en el centro de nuestras acciones y el respeto a su dignidad”, concluyó.
La Fiscal Godoy Ramos concluyó que el encuentro representa una oportunidad única para unificar criterios basados en información sólida, no meramente estadística, que permita comprender mejor el fenómeno de la desaparición de personas. Esto será clave para tomar decisiones efectivas que enfrenten este grave delito en el país.
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