El gobierno de México ha instado a todos los pequeños productores del campo que cuenten con concesiones de agua a regularizar sus títulos antes del 28 de abril de 2026. Este proceso es esencial para que puedan acceder a programas federales que apoyan el uso eficiente del recurso hídrico.
La convocatoria, realizada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), resalta las ventajas del Decreto de Facilidades Administrativas. Esta iniciativa permite a los productores renovar o regularizar concesiones de agua nacionales que ya han vencido a través de un trámite simplificado, que incluye menos requisitos y, en algunos casos, sin costo alguno.
Regularizar las concesiones de agua no solo proporciona seguridad jurídica sobre el uso del recurso, sino que también facilita el acceso a programas públicos de apoyo, como el Programa Especial de Energía para el Campo. Este programa ofrece tarifas eléctricas preferenciales para riego, con el objetivo de reducir costos y potenciar la producción agrícola.
Para beneficiarse de este decreto, los productores deben cumplir con ciertos requisitos. Esto incluye acreditar la propiedad del terreno, presentar una copia del título de concesión que se desea regularizar y demostrar que se utilizó el volumen de agua autorizado en los últimos dos años. Además, deberán presentar un escrito solicitando su incorporación al mecanismo. Aunque el trámite incluye un pago administrativo, los productores agrícolas están exentos de realizar este pago.
La Conagua ha establecido diferentes módulos de atención y orientación para asistir a los pequeños productores en la regularización de sus concesiones. Estos recursos están diseñados para facilitar el proceso y asegurar que los productores puedan aprovechar al máximo las oportunidades que les ofrece el gobierno federal.
El decreto se enfoca en los productores agrícolas y pecuarios cuyos títulos de concesión abarcan volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales y que hayan expirado entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025. Esta medida busca integrar a una mayor cantidad de productores al marco legal y fomentar un uso sustentable del agua en las actividades agrícolas y pecuarias del país.
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