El Instituto Nacional Electoral (INE) precisó que la revisión de las firmas presentadas por el colectivo “Salvemos México” tuvo un carácter estrictamente técnico y administrativo, y no constituye un aval al contenido de la iniciativa ciudadana promovida por dicho grupo.
La organización, vinculada al empresario Claudio X. González, entregó al Congreso de la Unión una propuesta de iniciativa ciudadana en materia político-electoral. Tras concluir el proceso de verificación de apoyos, el INE notificó a la Cámara de Diputados únicamente para los efectos legales correspondientes.
El organismo electoral recordó que el artículo 71 de la Constitución permite a la ciudadanía presentar iniciativas de ley o de reforma constitucional siempre que cuenten con el respaldo de al menos el 0.13 % de la Lista Nominal de Electores. En ese marco, subrayó que la Constitución no le otorga facultades para analizar, valorar o calificar el contenido de las propuestas ciudadanas.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la función del INE se limita a constatar el cumplimiento del porcentaje mínimo de firmas requerido y a verificar la autenticidad y validez de los apoyos, actuando únicamente como una autoridad técnica y certificadora del proceso.
En ese sentido, el Instituto enfatizó que no le corresponde evaluar el fondo, la constitucionalidad, la pertinencia ni la viabilidad política de las iniciativas ciudadanas, atribuciones que recaen de manera exclusiva en el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y, en su caso, del Senado, como parte del procedimiento legislativo ordinario.
El INE explicó que este esquema responde al principio de separación de funciones entre las autoridades electorales y el Poder Legislativo, así como a su obligación constitucional de conducirse con neutralidad e imparcialidad, sin intervenir en el debate político o parlamentario.
Asimismo, aclaró que la certificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano es únicamente un requisito formal que permite iniciar el trámite legislativo, sin que ello implique respaldo institucional alguno al contenido de la iniciativa. En sus comunicaciones oficiales, agregó, el Instituto se limita a informar sobre el cumplimiento de los requisitos legales, sin emitir juicios adicionales.
Finalmente, el INE reiteró su compromiso con la legalidad, la certeza y la imparcialidad, así como con el derecho de la ciudadanía a participar en los mecanismos de democracia participativa previstos en la Constitución, respetando plenamente las competencias de cada poder del Estado.
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