Orden de atención médica para narcotraficante en el Altiplano
Un juzgado federal ha dictado una orden para que las autoridades del penal del Altiplano proporcionen atención médica a Héctor El Güero Palma Salazar, cofundador del Cártel de Sinaloa. Esto llega tras sus denuncias sobre la falta de atención a sus problemas de salud, que le impiden descansar adecuadamente.
Detalles de la queja
Palma, a través del expediente 442/2026, presentó un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, ubicado en Toluca. El tribunal emitió el 16 de abril un acuerdo que le concede dicha protección, argumentando que su condición de salud compromete su dignidad e integridad personal, lo que podría considerarse una forma de tortura y maltrato.
Problemas de salud y tratamiento negligente
En su declaración, Palma Salazar afirmó que desde el 13 de abril no ha recibido atención médica adecuada en el área de salud del penal, a pesar de su grave condición. El narcotraficante está diagnosticado con tres hernias discales en la columna que le generan un dolor significativo, afectando su nervio ciático y causando “dolores muy fuertes por el simple hecho de respirar”.
Además de estos problemas, también padece de insomnio y molestias que se extienden desde los glúteos hasta la pierna. Palma ha solicitado que se le brinde atención médica continua, ya que su estado de salud es delicado.
Investigaciones sobre su diagnóstico de cáncer
Palma también mencionó que desde hace tiempo le fue diagnosticado cáncer de piel y que requiere revisiones dermatológicas anuales en un hospital especializado en la Ciudad de México. Sin embargo, señala que no ha sido trasladado para recibir esta atención desde hace aproximadamente dos años.
Acciones del juzgado
En vista de la situación presentada por Palma, el juzgado determinó que se debía conceder la suspensión de oficio y urgió a las autoridades penitenciarias a proporcionar de inmediato el servicio médico, tratamientos y medicamentos que el narcotraficante requiere, conforme a su historial clínico.
Esta decisión refleja la preocupación del sistema judicial ante las condiciones de salud de los internos, especialmente en casos donde se alegan violaciones a los derechos humanos y la dignidad personal.