La Corte Suprema de Estados Unidos dará a conocer el próximo viernes sus resoluciones en varios casos relevantes, y entre ellos se espera un pronunciamiento sobre los aranceles implementados por el presidente Donald Trump, según la agenda publicada por el propio tribunal.
De acuerdo con el calendario oficial, el viernes 9 de enero a las 10:00 de la mañana, hora de Washington, el máximo tribunal emitirá opiniones sobre los asuntos que ha venido analizando, incluidos los gravámenes anunciados por el gobierno estadounidense durante el denominado “Día de la Liberación”. Estas medidas arancelarias afectan a todos los socios comerciales del país, entre ellos México y Canadá, integrantes del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Aunque la Corte tiene plazo hasta finales de junio para resolver el caso, el hecho de que se trate de un proceso acelerado hace prever que el fallo se conozca antes, posiblemente en lo que se conoce como el “día de decisiones”.
Durante las audiencias celebradas a comienzos de noviembre, varios magistrados expresaron reservas sobre si el presidente cuenta con facultades suficientes para imponer aranceles con base en una ley aprobada en 1977.
Este posible fallo se produce a pocos meses de que inicie la revisión formal del acuerdo comercial trilateral y después de que Trump advirtiera en diciembre que podría abandonar el T-MEC para negociar tratados bilaterales con México y Canadá.
Según Bloomberg, una resolución adversa al presidente en este tema debilitaría uno de los pilares de su política económica y representaría su revés legal más significativo desde su retorno a la Casa Blanca.
Por su parte, The Wall Street Journal señaló recientemente que México ha resultado un beneficiario inesperado de la estrategia arancelaria estadounidense, al enfrentar tasas relativamente más bajas frente a otros países. Esta situación ha sido destacada en diversas ocasiones por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.
En el caso mexicano, la administración Trump decretó aranceles del 25 % a todas las exportaciones hacia Estados Unidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Sin embargo, cifras oficiales indican que alrededor del 85 % de los envíos mexicanos no están sujetos a estos gravámenes, ya que cumplen con las disposiciones del T-MEC. La imposición de estas tarifas estuvo relacionada con temas de migración y tráfico de fentanilo, considerados parte de la agenda de seguridad nacional estadounidense.
A ello se suman los aranceles sectoriales: las exportaciones mexicanas de acero, aluminio y cobre enfrentan un gravamen del 50 %, justificado por razones de seguridad nacional conforme a la sección 232 de la Ley Comercial de 1962.
En cuanto a los vehículos y autopartes producidos en México, las empresas deben cubrir aranceles que oscilan entre el 15 % y el 25 % si los productos incorporan componentes que no cumplen con las reglas de origen establecidas en el T-MEC.
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