La FGR toma el caso de Ernestina Ascencio y abrirá una investigación sobre tortura sexual perpetrada por el Ejército

La FGR toma el caso de Ernestina Ascencio Rosario

La Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido atraer el caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl, conforme a las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este paso busca llevar a cabo una investigación exhaustiva de las denuncias de tortura sexual a manos de elementos del Ejército en el año 2007.

Contexto del caso y su relevancia

La FGR realizará la investigación bajo la supervisión del Ministerio Público Federal (MPF), que opera dentro de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra). Esta decisión es parte del cumplimiento de un mandato establecido por la Corte IDH en relación con la protección de los derechos humanos.

Las investigaciones iniciales indican que Ascencio Rosario, residente de la comunidad de Tetlatzinga, en la Sierra de Zongolica, Veracruz, fue víctima de una agresión sexual en febrero de 2007 y falleció al día siguiente sin haber recibido atención médica adecuada.

Decisión de la Corte IDH

El 30 de septiembre de 2025, la Corte IDH determinó que el Estado mexicano es responsable por violaciones a los derechos de integración personal, derecho a la vida y acceso a la justicia, entre otros. La Corte subrayó que la investigación llevada a cabo por la fiscalía local no cumplió con los estándares internacionales necesarios, lo que agravó la situación de la víctima.

Además, la Corte IDH exigió al Estado mexicano que realice una investigación exhaustiva, que cumpla con los principios de diligencia debida y que adopte un enfoque interseccional para abordar el caso.

Compromiso del Estado mexicano

En diciembre de 2022, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Estado Mexicano se comprometería a cumplir con la sentencia de la Corte IDH. En ese contexto, hizo hincapié en que la agresión contra la mujer de 73 años ocurrió durante la administración de Felipe Calderón, en el marco de los abusos derivados de la llamada “guerra contra el narco”.

La atracción del caso por parte de la FGR representa un paso significativo hacia la justicia para las víctimas de violencia de género, en un país donde tales incidentes han sido sistemáticamente ignorados o mal manejados. La investigación por parte de la FGR tendrá que abordar de manera integral las múltiples capas de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres indígenas en México.