La superposición de elecciones judiciales y políticas podría amenazar la legitimidad, advierte un magistrado

Alertas sobre las elecciones de 2027

El magistrado Felipe de la Mata, miembro de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), destacó la necesidad de separar las elecciones de juzgadores que se celebrarán en 2027 de las elecciones políticas correspondientes a legisladores federales y gobernadores estatales. Durante su exposición en el IX Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral, celebrado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Mata advirtió sobre el riesgo de una “tormenta perfecta” si ambas elecciones se llevan a cabo simultáneamente.

Costos de la legitimación electoral

En su intervención, de la Mata cuestionó el costo de legitimación que podría implicar la realización conjunta de estos procesos electorales. “No estoy diciendo que no se realicen las elecciones”, enfatizó, reconociendo la capacidad del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral. Sin embargo, se preguntó: “¿A qué costo? ¿A qué costo de legitimación de las elecciones?”. Su llamado a la separación se basa en la premisa de que ello sería “lo correcto” y necesario para el bienestar del país.

Fragmentación del sistema electoral

El magistrado también planteó que la situación actual es resultado de un “mal diseño legislativo”, que ha llevado a que la elección judicial coincida con la elección constitucional ordinaria. Esta coincidencia puede derivar en confusiones y un aumento en el número de impugnaciones, lo que pone en riesgo los principios de equidad. Alertó: “Hay un alto peligro de nulidad de más de una elección”, instando a una revisión profunda de las reformas judiciales vinculadas a las campañas electorales, la fiscalización y los requisitos para candidatos.

Inteligencia Artificial en los tribunales

En otro panel, Felipe Fuentes Barrera, también magistrado de la Sala Superior, abordó el uso de Inteligencia Artificial (IA) en el contexto de los tribunales. Propuso que el uso de tecnologías avanzadas debe adoptarse como una política de Estado con el objetivo de aumentar la eficiencia en la gestión de casos. Sin embargo, subrayó que la tecnología no debe reemplazar al juez, sino actuar como una herramienta auxiliar.

Condiciones para el uso de tecnologías

Fuentes Barrera enfatizó la importancia de garantizar una “transparencia algorítmica” en la implementación de IA. Los modelos utilizados deben ser comprensibles, auditables y explicables, asegurando así la protección efectiva de los derechos ciudadanos. El magistrado instó a establecer condiciones mínimas que respalden este enfoque y fortalezcan la confianza del público en el sistema judicial.