La ausencia de un acuerdo definitivo entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México en torno a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado presión política y abre la posibilidad de que la iniciativa no llegue siquiera al Congreso, admitió la bancada morenista en la Cámara de Diputados.
Al concluir un encuentro con estudiantes universitarios, el coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, señaló que las negociaciones con los partidos aliados continúan, aunque el tiempo comienza a jugar en contra del proyecto que se prevé presentar en febrero.
El legislador explicó que durante esta y la próxima semana seguirán los encuentros entre las fuerzas políticas, y afirmó que ya se han iniciado discusiones sobre contenidos específicos. Recordó que la propia presidenta Sheinbaum confirmó recientemente la existencia de un borrador preliminar, con propuestas de modificación a distintos artículos constitucionales.
Monreal precisó que el plazo límite para que el Ejecutivo envíe la iniciativa es la segunda semana de febrero, aunque reconoció que el calendario es cada vez más apretado. Subrayó que el objetivo es alcanzar un entendimiento entre las tres fuerzas aliadas antes de que concluya ese periodo.
Cuestionado sobre si la cercanía de los plazos incrementa la presión política, el diputado fue enfático al señalar que cada día sin acuerdo complica el escenario, aunque insistió en que aún existe margen para lograr consensos.
El coordinador parlamentario reiteró que, sin el respaldo del PT y del PVEM, no hay viabilidad para una reforma constitucional, y reconoció que el riesgo de que la iniciativa no sea presentada permanece latente mientras no se consoliden acuerdos políticos.
En otro tema, Monreal expresó su inconformidad por la adquisición de nuevas camionetas para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que este tipo de decisiones contradicen los principios de austeridad que Morena promueve como parte de su identidad política.
Afirmó que los servidores públicos deben actuar con congruencia frente a la ciudadanía, aunque admitió que existen excesos que terminan afectando la credibilidad del movimiento. No obstante, evitó pronunciarse sobre si los ministros deberían revertir la compra, al señalar que se trata de una decisión que corresponde exclusivamente a otro poder del Estado.
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