Más de 15 organizaciones ambientalistas han señalado que el reciente derrame de hidrocarburo en el Golfo de México podría tener su origen en el oleoducto Old Ak C, operado por Petróleos Mexicanos (Pemex). Los incidentes habrían ocurrido entre el 6 y 7 de febrero de este año.
Grupos como Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Alianza Mexicana contra el Fracking han compartido sus hallazgos, que sugieren que, entre el 7 y el 14 de febrero, el buque Árbol Grande, especializado en reparaciones de ductos, permaneció en las cercanías del oleoducto “Old Ak C”. Mientras esto sucedía, imágenes satelitales evidenciaron el crecimiento de una mancha de petróleo en la zona.
“Las imágenes mostraron una cantidad alarmante de hidrocarburos que, para el 19 de febrero, se había extendido a casi 300 kilómetros cuadrados. También se observaron embarcaciones de apoyo realizando maniobras de dispersión con cañones de agua, pero posteriormente se retiraron sin emitir una alerta pública inmediata”, apuntaron.
A principios de marzo, se comenzó a documentar la llegada constante del hidrocarburo a las costas de Tabasco, Veracruz y, más tarde, Tamaulipas. Para el 21 de marzo, se registró que 630 kilómetros de litoral habían sido afectados por el derrame.
Esta serie de eventos ha llevado a las organizaciones a concluir que no solo hubo una respuesta inadecuada, sino que también existió un conocimiento previo del vertido y una intervención operativa en la zona sin una alerta pública.
Las distintas organizaciones han reiterado su escepticismo ante las declaraciones oficiales que alegan desconocimiento del incidente. Argumentan que es inverosímil que las autoridades no supieran de la gran mancha de hidrocarburos visible y de las operaciones realizadas por embarcaciones de apoyo.
Por ello, han exigido que las autoridades federales detallen desde cuándo estaban al tanto del derrame, qué eventos ocurrieron en febrero relacionados con el oleoducto Old Ak C, y qué acciones se tomaron en respuesta. Además, solicitan que aclaren qué infraestructura, empresa o entidad es responsable del incidente.
Las organizaciones también demandan información sobre los estudios de impacto ambiental que se han realizado hasta el momento, así como las medidas específicas que se implementarán para la contención, restauración y monitoreo en las áreas afectadas. Esto incluye costas, manglares, lagunas, arrecifes y comunidades impactadas por el derrame.
La situación sigue generando inquietud y exigencias de claridad por parte de las organizaciones ambientales, que buscan medidas efectivas para mitigar el daño causado y prevenir incidentes futuros.
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