El Colectivo Pena Sin Culpa ha expresado su preocupación ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite a la ministra María Estela Ríos participar en la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa. Según el colectivo, esta decisión refleja una alineación con la postura de la Presidencia de la República, lo que podría comprometer la imparcialidad de la Corte en asuntos cruciales de derechos humanos.
La ministra Ríos, quien fue consejera jurídica del Ejecutivo federal, había solicitado en 2022 no invalidar la prisión preventiva oficiosa, lo que ha llevado a los beneficiarios de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez vs. México a presentarla como recusada. Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar argumentan que su participación en el caso representa un posible conflicto de interés y prejuzgamiento.
A pesar de las preocupaciones planteadas, el Pleno de la SCJN, bajo la propuesta del presidente Hugo Aguilar, determinó que la firma de un comunicado como funcionaria federal no representa un impedimento para su participación. Se argumentó que su posición en ese momento fue institucional, y no como ministra. La mayoría de los magistrados coincidió en que no hay identidad entre los casos Tzompaxle Tecpile y García Rodríguez, a pesar de que ambos involucraron la condena del Estado mexicano y la discusión sobre la misma figura legal.
El colectivo ha resaltado que la forma en que se ha tratado este caso pone en evidencia la alineación con el Poder Ejecutivo, afectando la independencia de la Suprema Corte. La tramitación de las solicitudes de audiencia de las víctimas y la falta de transparencia en las decisiones privadas también han sido criticadas como un signo de un sistema judicial comprometido.
Cabe recordar que en septiembre de 2025, la ministra Ríos se declaró impedida en un asunto herido de seguridad nacional. Esta situación ha dejado a muchos preguntándose sobre la coherencia y la consistencia de criterios en la Corte. El colectivo Pena Sin Culpa concluyó que la reciente decisión es contraria a los precedentes establecidos por la SCJN, sugiriendo que podría ser el inicio de una gestión donde los ministros cercanos al Ejecutivo no se excusan ni se declaran impedidos a pesar de su participación en casos sensibles.
La controversia en la SCJN resalta preocupaciones sobre la integridad y la independencia del poder judicial en México. La discusión sobre la prisión preventiva oficiosa y el potencial conflicto de interés entre la ministra Ríos y el Ejecutivo traerá consigo un debate más amplio sobre los derechos humanos y el papel de la justicia en el país.
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