En una conferencia marcada por un tono de denuncia frontal y testimonios de alto impacto, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, encabezó un posicionamiento en el Senado de la República en el que acusó la existencia de una presunta “estructura criminal” en Sinaloa, señalando directamente al exgobernador Rubén Rocha Moya. Acompañado por legisladores federales y locales, el dirigente priista sostuvo que lo ocurrido en la entidad no es un hecho aislado, sino el resultado de un entramado que, afirmó, ha operado desde procesos electorales anteriores y que hoy —dijo— ha quedado expuesto ante instancias internacionales.
Moreno Cárdenas centró su exposición de motivos en la gravedad de lo que calificó como una “cloaca destapada”, insistiendo en que el PRI no actúa por cálculo político, sino por la defensa de las familias mexicanas y del orden institucional. Subrayó que su partido busca visibilizar lo que, aseguró, se denunció desde 2018 y durante la elección de 2021, la cual calificó como una “narcoelección”. En ese contexto, adelantó que el PRI impulsará acciones formales para que se investigue a los funcionarios señalados y se esclarezcan los presuntos vínculos con el crimen organizado, al tiempo que cuestionó la respuesta del gobierno federal y exigió que se garantice seguridad a la población, no sólo a funcionarios bajo investigación.
El ambiente de la conferencia fue de tensión y crudeza. Legisladores y representantes de Sinaloa relataron un escenario de violencia prolongada, con cifras que describen —según sus dichos— más de 3 mil homicidios, miles de desapariciones, cierre de cientos de negocios y un impacto económico severo. La diputada Paola Gárate y otros participantes denunciaron haber vivido directamente episodios de violencia durante el proceso electoral, mientras que la senadora Paloma Sánchez y el diputado Mario Zamora reforzaron la narrativa de un estado “en crisis”, donde —afirmaron— la ciudadanía enfrenta inseguridad, desempleo y abandono institucional.
En su intervención, Zamora aportó un tono más testimonial al recordar los hechos de la elección de 2021, asegurando que desde el primer momento se advirtieron irregularidades y actos de intimidación. Relató incluso la dificultad para documentar denuncias por miedo de los involucrados, y sostuvo que la impugnación del proceso llegó a instancias internacionales como la OEA. En paralelo, legisladores locales acusaron que las recientes licencias de funcionarios no representan un cambio real, ya que —dijeron— quienes han asumido los cargos mantienen la misma línea política, lo que ha generado desconfianza entre la población.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, los priistas reiteraron su exigencia al gobierno federal para actuar con firmeza ante los señalamientos que —aseguraron— han sido incluso respaldados por investigaciones en Estados Unidos. Moreno Cárdenas insistió en que el tema de Sinaloa no puede minimizarse ni politizarse, y llamó a que se atienda como un asunto de seguridad nacional. La conferencia cerró con un llamado a los medios de comunicación para mantener el foco en la crisis del estado, en lo que el dirigente priista definió como una lucha por recuperar la paz, la legalidad y la gobernabilidad en Sinaloa.