La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado una nueva iniciativa para fortalecer legalmente su Plan de Inversión en Infraestructura. Este plan busca proteger proyectos estratégicos ante la posible caída de ingresos y ajustar las métricas fiscales, de manera que las inversiones en Petróleos Mexicanos (Pemex) no se registren como parte del déficit público.
La propuesta se centra en dos pilares fundamentales. El primero es la creación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Esta legislación busca especificar los instrumentos y contratos necesarios para llevar a cabo proyectos mixtos en el país.
El segundo pilar contempla modificaciones en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que no se ha actualizado en dos décadas. Esta ley incluiría el concepto de “Proyectos para el Desarrollo con Bienestar” y otorgaría un “carácter preferente” a las obras estratégicas en el presupuesto público, protegiendo los recursos designados frente a reducciones en los ingresos.
Una de las propuestas más destacadas es la revalorización del papel de Pemex en el balance público. La iniciativa sugiere cambios que permitan excluir las inversiones realizadas por la empresa del cálculo de los Requerimientos Financieros del Sector Público, que es el indicador de déficit. Según datos del año pasado, el déficit se redujo a 4.8 por ciento del PIB con el apoyo a Pemex; sin estos recursos, el déficit caería a 4.3 por ciento.
La iniciativa también establece un enfoque más flexible para la contratación de proyectos. Permitiría iniciar procedimientos de contratación, incluso sin contar con presupuesto suficiente, mediante una autorización expresa de la Secretaría. Esto busca facilitar la formalización de compromisos en proyectos estratégicos, diferenciando entre la etapa procedimental y la formalización.
Otro aspecto relevante de la iniciativa es la creación del Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, que se encargará de identificar y definir los proyectos prioritarios. Asimismo, se establecerán vehículos de inversión para regular la participación del sector privado en la infraestructura pública, buscando optimizar la colaboración entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo del país.
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