En medio de la creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó una de las críticas más severas contra los servidores públicos señalados por presuntos vínculos con grupos criminales.
El senador priista Alejandro Moreno sostuvo que quienes traicionan a México aliándose con la delincuencia organizada deben recibir todo el peso de la ley y quedar inhabilitados de por vida para ocupar cualquier cargo público.
La postura del líder nacional del tricolor surge en un contexto marcado por acusaciones y señalamientos que han puesto bajo la lupa a diversos actores políticos. Para Moreno Cárdenas, la colusión entre autoridades y organizaciones criminales representa una de las formas más graves de corrupción y una amenaza directa para la seguridad, la gobernabilidad y la confianza ciudadana.
Por ello, la dirigencia nacional del PRI impulsa la aprobación de una reforma al Artículo 109 de la Constitución, promovida por el diputado Christian Castro Bello, con el objetivo de establecer la inhabilitación permanente para aquellos funcionarios que mantengan vínculos con la delincuencia organizada, acepten financiamiento ilícito en campañas electorales o participen en redes de corrupción institucional.
Desde la dirigencia priista se advirtió que los llamados “narcopolíticos” no pueden seguir encontrando refugio en el poder ni beneficiándose de la impunidad. “Los narcopolíticos de Morena creen que pueden salirse con la suya, pero las y los mexicanos unidos les vamos a demostrar que quien traiciona a México debe asumir las consecuencias”, expresó el partido a través de diversos posicionamientos públicos.
Moreno Cárdenas fue enfático al señalar que no existe espacio para la tolerancia ni para las medias tintas cuando se trata de combatir la infiltración criminal en el gobierno. “Vamos a cerrarles el paso con todo el peso de la ley, porque la gente está cansada de vivir con miedo. Es momento de poner orden, defender a las familias y enfrentar al crimen con decisión e inteligencia”, afirmó.
Las declaraciones cobran especial relevancia tras los señalamientos surgidos en Sinaloa sobre una presunta red de funcionarios relacionados con organizaciones criminales, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.
Frente a este escenario, el PRI insiste en que la única respuesta posible es una sanción ejemplar que garantice que ningún servidor público vinculado con el crimen vuelva a ejercer funciones gubernamentales. Para el tricolor, la defensa de México exige acabar de raíz con cualquier complicidad entre el poder político y la delincuencia organizada.