SCJN ratifica blindaje a la alcaldesa de Acapulco frente a revocación y auditoría

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad mantener las medidas cautelares que desde hace siete meses protegen a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, de un juicio de revocación de mandato y de una auditoría relacionada con el presunto manejo irregular de 898 millones de pesos en recursos federales.

Las suspensiones, concedidas en junio del año pasado por la entonces integración del pleno —a propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y del hoy ministro en retiro Javier Laynez Potisek—, seguirán vigentes hasta que el máximo tribunal resuelva de fondo las controversias constitucionales promovidas por la edil contra acciones del Congreso de Guerrero y de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La decisión se tomó luego de que la Corte declarara infundados cuatro recursos de reclamación: tres interpuestos por el Poder Legislativo local y uno por la ASE, con los que se buscaba revertir la admisión de las controversias constitucionales 174/2025 y 176/2025, así como las suspensiones otorgadas a la presidenta municipal.

En el proyecto elaborado por el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, relativo al recurso de reclamación 41/2025-CA contra la suspensión que frena la auditoría, se concluyó que los agravios planteados por el Congreso local carecen de sustento, por lo que se confirmó la medida cautelar. El documento señala que se cumplen los criterios de apariencia del buen derecho y peligro en la demora, ya que existen actos de ejecución vinculados con la fiscalización de recursos federales —como las aportaciones del FISMDF— cuya revisión corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación, y no a autoridades estatales.

Las controversias fueron promovidas por la alcaldesa a través del síndico municipal, Miguel Jaimes Ramos, con el objetivo de detener un eventual proceso de revocación de mandato y los requerimientos de información de la auditoría estatal sobre la Cuenta Pública 2023, especialmente en lo relativo a recursos del Ramo 33 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

Los recursos se resolvieron con base en tres proyectos presentados por María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra y Giovanni Azael Figueroa Mejía, todos en el sentido de desechar las impugnaciones del Congreso local y de la ASE. No obstante, en el recurso 39/2025, también elaborado por la ministra Herrerías Guerra, la Corte sí reconoció a la Auditoría Superior del Estado como autoridad demandada, luego de que inicialmente hubiera sido excluida del juicio.