La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) avanzar con mayor rapidez en las investigaciones relacionadas con el descarrilamiento del Tren Transístmico, ocurrido hace dos semanas en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, así como agilizar los procesos para garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias.
Durante la mañanera del pueblo, la mandataria consideró innecesario que los afectados recurran a despachos privados de abogados, al advertir que en muchos casos estos intermediarios terminan quedándose con un porcentaje de las indemnizaciones. Señaló que el gobierno federal ya asumió el compromiso de que las víctimas recibirán la reparación correspondiente conforme a la ley.
“En ocasiones se acercan bufetes con la promesa de no cobrar, pero al final se quedan con una parte de la compensación. No es necesario, porque nos estamos comprometiendo a que la reparación se hará”, afirmó.
Sheinbaum subrayó que la FGR debe conducir el proceso conforme a protocolos internacionales y a la Ley General de Víctimas, y reveló que se ha solicitado a la fiscalía presentar un informe lo antes posible, sin comprometer la profundidad de la investigación.
Destacó que, independientemente de la causa específica del accidente, el tren es operado por la Secretaría de Marina, por lo que la responsabilidad de la reparación se divide entre la aseguradora y el gobierno federal. En ese sentido, pidió que los trámites se aceleren con el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), mientras continúan las indagatorias.
La presidenta indicó que la CEAV mantiene contacto directo con las familias afectadas y reiteró su postura en contra de que sean representadas por abogados privados, pese a que un despacho presentó una denuncia. Aclaró que, aunque las víctimas tienen derecho a buscar representación legal, ya existe una carpeta de investigación abierta de oficio por la fiscalía, derivada del fallecimiento de 14 personas y de los lesionados que dejó el accidente.
Explicó que cualquier denuncia adicional se integrará al expediente existente, como ocurre de manera habitual en los procesos ministeriales.
Por su parte, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, informó que la licitación para contratar seguridad privada en el Tren Interoceánico quedó desierta, aunque aclaró que la protección del ferrocarril está a cargo de la propia dependencia. Detalló que se otorgó una prórroga de un mes al contrato vigente mientras se lanza nuevamente el proceso de licitación, debido a que las empresas no cumplieron con los requisitos establecidos.
A dos semanas del descarrilamiento, el almirante señaló que se mantiene la cadena de custodia con personal de la Marina y de la FGR, y confió en que la fiscalía emitirá pronto un dictamen con total transparencia. Indicó que se trabaja de manera coordinada con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para esclarecer las causas y deslindar responsabilidades.
Morales aseguró que en el tramo donde ocurrió el incidente no se detectaron anomalías estructurales y que la infraestructura cumple con estándares internacionales, aunque enfatizó que corresponde a los peritos determinar si existió algún factor adicional.
Sobre la posibilidad de un sabotaje, pidió cautela y responsabilidad, al señalar que solo la fiscalía y los peritos especializados pueden establecer qué ocurrió. “Cualquier otra cosa serían solo conjeturas”, afirmó.
Finalmente, destacó que la fiscal Ernestina Godoy convocó al Colegio de Ingenieros para apoyar en los peritajes técnicos y reiteró que primero se emitirá un dictamen preliminar, seguido de un análisis de causa raíz.
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