La presidenta Claudia Sheinbaum presentó en la noche de ayer una reforma constitucional al Senado de la República, con el objetivo de regular las pensiones de funcionarios y ex funcionarios que pertenecen a empresas paraestatales, organismos descentralizados y otras entidades públicas. Según Sheinbaum, las pensiones actuales son “desproporcionadas”, y la nueva propuesta establece que estas no podrán superar en un 50 por ciento la remuneración del presidente de la República.
La disposición afectará tanto a pensiones y jubilaciones futuras como a aquellas ya otorgadas, significando un ahorro para el Estado de más de 5 mil millones de pesos al año. Esto implica que ex funcionarios que anteriormente recibían sumas exorbitantes, como un millón de pesos al mes, verán una drástica reducción en sus pensiones. Por ejemplo, un ex subdirector de Luz y Fuerza del Centro o un ex funcionario de Pemex que percibía 340 mil pesos al mes, solo podrá cobrar hasta 70 mil pesos tras la promulgación de la reforma.
En la exposición de motivos, la presidenta Sheinbaum clarifica los fundamentos legales que respaldan la retroactividad de esta reforma. Señala que, dado que se trata de recursos públicos, se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución, que regula la administración de estas. Además, enfatiza que hay precedentes en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que permiten la aplicación retroactiva de reformas constitucionales sin transgredir el principio de retroactividad de la ley.
La reforma destaca la necesidad de revisar y ajustar los contratos y condiciones laborales en entidades como Pemex, CFE y otras sociedades de crédito, ya que algunas pensiones representan compromisos presupuestarios que pueden comprometer las finanzas públicas y, por ende, el bienestar de la población en el futuro.
Sheinbaum aclaró que la reducción de pensiones no aplica al personal de las fuerzas armadas ni a los trabajadores sindicalizados. El objetivo es evitar la generación de privilegios y compensaciones excesivas con recursos públicos, dentro del marco de la austeridad republicana y la responsabilidad financiera.
En un artículo transitorio de la reforma, se establece un plazo de 90 días naturales para que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales revisen y ajusten el marco jurídico correspondiente a las nuevas disposiciones. Esto permitirá que la reforma se implemente de manera coherente y efectiva en todos los niveles de gobierno.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó a través de sus redes sociales que la iniciativa fue recibida la noche anterior y se turnó de inmediato a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y discusión.
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