La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha presentado hoy al Senado una nueva iniciativa que busca mejorar los derechos de los jornaleros y otros trabajadores del sector agropecuario. Esta propuesta se enmarca en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y tiene como objetivo formalizar el empleo en este sector, garantizar el acceso a la seguridad social y promover un entorno de trabajo saludable.
La iniciativa modificará la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Comercio Exterior para asegurar que la agroindustria mexicana funcione bajo estándares laborales verificables. Esto incluye normas que eviten la deforestación y la degradación ambiental. La propuesta subraya la importancia de cumplir con las obligaciones constitucionales y responder a las exigencias del mercado internacional, que no solo valora la calidad de los productos, sino también el respeto a los derechos laborales.
La agroindustria es un pilar fundamental para la economía de México, especialmente en áreas como la producción de aguacate y frutos rojos, que han demostrado ser estratégicos para el comercio exterior. Según datos recientes, estos subsectores contribuyeron significativamente a un superávit en la balanza agroalimentaria de 919 millones de dólares en 2025. A pesar de estos logros, entre 2001 y 2024, el 21.99% de la pérdida de ecosistemas forestales se atribuyó a la conversión de tierras para actividades agrícolas, resultando en la deforestación de más de 44 mil hectáreas.
La expansión agrícola continúa ejerciendo presión sobre los ecosistemas, especialmente en contextos donde prevalece la informalidad laboral y las condiciones de trabajo son inadecuadas. En particular, la producción de aguacate ha despertado inquietudes en los mercados internacionales por su trazabilidad laboral y el impacto ambiental asociado. Por su parte, los frutos rojos también han resaltado la urgencia de formalizar el empleo y cumplir con los estándares laborales globales.
Como parte de esta iniciativa, se otorgará a la Secretaría del Trabajo la facultad de emitir certificaciones que verifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las agroindustrias. Esta medida busca no solo mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas, sino también impulsar el desarrollo sustentable dentro del sector agropecuario, alineándose de esta manera con las normas internacionales y las demandas del T-MEC.
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