La Sierra Norte de Puebla, reconocida por su riqueza natural y cultural, atraviesa hoy un deterioro significativo en materia de seguridad. Esta extensa región montañosa, que colinda con Veracruz e Hidalgo y se extiende hacia el interior del estado, se ha convertido en una zona de alta conflictividad criminal.
La imagen tradicional de pueblos rodeados de neblina, cafetales y bosques contrasta con una realidad marcada por violencia creciente, producto tanto de la confrontación entre organizaciones delictivas como del aumento de delitos comunes que afectan de manera directa a comunidades indígenas, comerciantes y actividades productivas locales.
Municipios como Huauchinango, Xicotepec de Juárez, Zacatlán, Chignahuapan y diversas localidades de la llamada media sierra concentran buena parte de estos problemas.
Territorio estratégico para el crimen organizado
Desde hace años, las características geográficas de la Sierra Norte —orografía compleja, comunidades dispersas y vías de acceso limitadas— la han convertido en un corredor atractivo para actividades ilícitas, particularmente por su cercanía con entidades clave para el trasiego como Veracruz e Hidalgo.
Reportes de seguridad y trabajos periodísticos señalan la presencia activa de células vinculadas a cárteles de alcance nacional, enfocadas en delitos como el robo de hidrocarburos, la venta de drogas al menudeo y el traslado de estupefacientes.
La fragmentación de estas estructuras criminales ha derivado en disputas internas por el control territorial, lo que se refleja en un aumento de ejecuciones, desapariciones forzadas y actos de violencia extrema.
Durante 2024 y 2025, uno de los episodios más graves fue el hallazgo de al menos 27 cuerpos en tramos de la carretera federal México–Tuxpan, en las inmediaciones de Huauchinango y Xicotepec, hechos atribuidos a ajustes de cuentas por el control de plazas del narcomenudeo y rutas de trasiego.
Huachicol: violencia y control territorial
El robo de combustible es uno de los delitos más arraigados en la región, particularmente en zonas cercanas al poliducto Tuxpan–México. Municipios como Huauchinango, Xicotepec, Pahuatlán y Tlacuilotepec registran altos niveles de incidencia.
Esta actividad implica una estructura logística sofisticada: perforaciones clandestinas, transporte especializado, vigilancia armada, redes de distribución y, en algunos casos, corrupción de autoridades locales.
La violencia asociada al huachicol no solo se dirige contra grupos rivales, sino también contra pobladores que se oponen a estas prácticas o que resultan afectados por explosiones, fugas y accidentes derivados de tomas ilegales.
De acuerdo con fuentes consultadas en la delegación regional de la Fiscalía General de la República, los grupos criminales reclutan a jóvenes con promesas de ingresos rápidos, lo que profundiza la ruptura del tejido social. En torno a estas actividades se han registrado enfrentamientos armados con fuerzas federales, incluidos el Ejército y la Guardia Nacional.
Tala ilegal y deterioro ambiental
Otro fenómeno en expansión es la tala clandestina, un delito ambiental de alto impacto que se ha convertido en una fuente adicional de financiamiento para grupos criminales.
Zonas boscosas de Zacatlán y Chignahuapan, ricas en pino y oyamel, presentan un incremento notable de deforestación. Organizaciones ambientales locales denuncian la extracción sistemática de madera, realizada con maquinaria pesada y custodia armada.
Esta actividad requiere una cadena organizada que incluye transporte vigilado, alteración de permisos y comercialización ilegal del producto, lo que evidencia la participación de redes delictivas complejas.
Defensores del territorio y comuneros que intentan frenar estas prácticas enfrentan amenazas y agresiones, lo que ha generado un clima de miedo y silencio en diversas comunidades.
Delitos del fuero común y desconfianza institucional
En paralelo, la delincuencia cotidiana ha ido en aumento, impulsada por la precariedad económica y la falta de oportunidades. Robos a peatones, asaltos y hurtos de vehículos afectan especialmente a las cabeceras municipales.
Las carreteras de acceso a ciudades como Xicotepec y Huauchinango se han convertido en puntos recurrentes de robos con violencia, muchas veces vinculados al desmantelamiento de automóviles o su uso en otros delitos.
Empresarios de Zacatlán y Chignahuapan también reportan extorsiones y cobro de cuotas, lo que inhibe la inversión y el turismo.
La percepción de fragilidad institucional se profundiza por la escasa confianza en las policías municipales. Diversos operativos y detenciones han revelado vínculos entre agentes locales y redes criminales, situación que desalienta la denuncia ciudadana y refuerza la impunidad.