En el punto más álgido de la crisis política en Sinaloa, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lanzó un mensaje contundente: la ley debe aplicarse sin privilegios ni excepciones.
El pronunciamiento surge en medio del escándalo que rodea al gobernador Rubén Rocha Moya, tras acusaciones internacionales que han puesto en el centro del debate la relación entre política y crimen organizado.
Moreno fue claro en su postura: el caso no puede tratarse con criterios políticos ni selectivos.
El dirigente priista insistió en que el Estado debe actuar con firmeza, sin importar el nivel de los funcionarios involucrados, subrayando que la aplicación de la ley debe ser pareja y sin privilegios.
Este posicionamiento refuerza la narrativa que ha sostenido la oposición en los últimos días: la exigencia de que no haya impunidad en casos que involucren posibles vínculos con el crimen organizado.
El llamado ocurre en un contexto especialmente delicado.
Sinaloa se ha convertido en el centro del debate nacional tras las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra funcionarios del estado, lo que ha generado presión tanto interna como internacional.
Este escenario ha desatado una confrontación política de alto nivel, donde distintos actores buscan posicionar su narrativa frente a un caso que podría tener implicaciones mayores.
El mensaje de Moreno no solo tiene un componente jurídico, sino también político.
Al insistir en la aplicación de la ley sin privilegios, el PRI busca posicionarse como un actor que exige rendición de cuentas, en contraste con lo que considera una falta de acción contundente por parte del oficialismo.
Al mismo tiempo, el discurso conecta con una preocupación creciente en la opinión pública: la percepción de desigualdad en la aplicación de la justicia.
Aunque el foco está en ese estado, el tema tiene alcance nacional.
El planteamiento de “ley sin privilegios” toca un punto estructural del sistema político mexicano:
El pronunciamiento de Alejandro Moreno forma parte de una estrategia más amplia de la oposición para mantener presión sobre el caso.
No se trata solo de una declaración, sino de un intento por:
La crisis en Sinaloa sigue evolucionando, y cada pronunciamiento contribuye a definir el rumbo del debate.
La exigencia de aplicar la ley sin privilegios resume el punto central del conflicto: si el sistema político mexicano está dispuesto —o no— a enfrentar casos de alto nivel con la misma firmeza que exige la ley.
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