La situación política y de seguridad en Sinaloa volvió a escalar después de que organizaciones civiles y representantes de la Alianza Mexicana de Abogados presentaran formalmente ante el Senado una solicitud para declarar la desaparición de poderes en el estado. La petición argumenta que la crisis de violencia y gobernabilidad ha alcanzado niveles que justificarían una intervención institucional extraordinaria.
La solicitud ocurre en medio de meses de tensión política, investigaciones, presión internacional y cuestionamientos sobre la capacidad institucional para recuperar estabilidad en la entidad.
La Alianza Mexicana de Abogados sostiene que Sinaloa acumula más de 21 meses de crisis de seguridad, violencia persistente y deterioro institucional, situación que —según sus representantes— haría imposible el funcionamiento regular de los poderes públicos estatales.
Los promoventes argumentan que la salida temporal del exgobernador no resolvió la crisis porque persisten funcionarios, estructuras políticas y problemas institucionales que consideran vinculados al deterioro actual.
La desaparición de poderes es un mecanismo constitucional extraordinario contemplado en el artículo 76 de la Constitución mexicana que permite al Senado intervenir cuando considera que los poderes públicos de una entidad ya no pueden funcionar regularmente. Si se aprueba, cesan los poderes estatales y el Senado debe nombrar un gobernador provisional mientras se convocan nuevos procesos institucionales.
Sin embargo, se trata de uno de los instrumentos políticos y constitucionales más extremos dentro del sistema federal mexicano.
La petición ocurre mientras continúan las consecuencias políticas derivadas de investigaciones estadounidenses contra exfuncionarios y actores políticos relacionados con Sinaloa, situación que ha intensificado la polarización entre oficialismo y oposición.
Las acusaciones provenientes de Estados Unidos han provocado renuncias temporales, licencias políticas, investigaciones internas y un fuerte debate sobre la relación entre seguridad, política y crimen organizado.
Aunque Morena mantiene mayoría legislativa suficiente para bloquear medidas extraordinarias, la solicitud incrementa la presión política sobre el oficialismo.
Diversos sectores opositores han insistido durante semanas en que la situación sinaloense dejó de ser únicamente un problema estatal y se convirtió en una discusión nacional sobre gobernabilidad, seguridad e instituciones.
Diversas voces dentro del Senado reconocen que actualmente la oposición no cuenta con los votos suficientes para impulsar una declaratoria de desaparición de poderes. Aun así, quienes impulsan la iniciativa sostienen que el objetivo también es abrir una discusión nacional sobre la magnitud de la crisis que enfrenta Sinaloa.
La solicitud presentada ante el Senado trasciende lo legal.
También representa una nueva fase de la confrontación política alrededor de:
Y precisamente ahí está el fondo del debate: si la crisis de Sinaloa sigue siendo un problema estatal o se convirtió ya en una discusión nacional sobre la capacidad institucional del país.
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