La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) resolvió inhabilitar durante un año al juez federal Fernando “A” al considerar que incurrió en faltas graves que impactaron la correcta administración de justicia en asuntos relacionados con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El órgano disciplinario informó que la sanción deriva de una queja presentada en abril de 2024 por un diputado federal, quien denunció actos y omisiones que afectaron el desempeño jurisdiccional del juzgador. El procedimiento se originó ante el entonces Consejo de la Judicatura Federal.
De acuerdo con Rufino H. León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina, la determinación no se basó en el criterio interpretativo del juez, sino en la emisión de resoluciones contrarias al texto legal y en la omisión de elementos esenciales dentro de los expedientes. Subrayó que se acreditaron irregularidades graves en el ejercicio de la función jurisdiccional.
La sanción implica la inhabilitación por un año para ocupar cargos públicos, así como para participar en procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras financiadas con recursos públicos.
Según el análisis del expediente, el juez concedió una suspensión definitiva con efectos restitutorios en un juicio de amparo para que una autoridad municipal del norte del país expidiera una constancia de residencia, sin verificar que el solicitante cumpliera con los requisitos previstos en el Código Municipal correspondiente. El argumento fue que dicho documento era necesario para acceder a servicios de salud pública.
Asimismo, el TDJ señaló que el juzgador desatendió criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al otorgar suspensiones —provisional y definitiva— para evitar la separación del cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del estado involucrado y frenar procedimientos administrativos en su contra.
En otro juicio de amparo, concedió una suspensión frente a una orden de aprehensión, con el efecto de impedir la suspensión de derechos político-electorales del quejoso y evitar que fuera considerado prófugo de la justicia.
La Comisión concluyó que las conductas acreditadas no correspondían a un hecho aislado, sino a una serie de actuaciones sistemáticas que evidenciaron desviaciones graves en el cumplimiento de la ley. También advirtió que dichas decisiones tuvieron repercusiones en otros procesos, incluidos algunos vinculados con la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El órgano disciplinario destacó que estas faltas no pueden interpretarse como simples discrepancias jurídicas, sino como infracciones que afectan la confianza pública en el Poder Judicial. En consecuencia, determinó la inhabilitación, considerando además que el juez fue dado de baja en agosto de 2025.
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