La sola presencia en el debate público de la pregunta sobre si las elecciones federales intermedias de noviembre de 2026 podrían verse alteradas o impugnadas refleja un nivel inusual de tensión política en Estados Unidos. No existe precedente moderno de que comicios federales hayan sido postergados o anulados por el Ejecutivo.
El presidente Donald Trump ha reiterado acusaciones de que sus opositores buscan “subvertir” el proceso electoral al permitir que inmigrantes no ciudadanos voten, pese a que no hay evidencia de fraude masivo y a que la administración de elecciones corresponde constitucionalmente a los estados. También ha planteado la posibilidad de que el gobierno federal asuma mayor control en entidades gobernadas por demócratas.
En entrevistas recientes, Trump sugirió que los republicanos deberían “nacionalizar” el proceso electoral, aunque la Constitución delega esa responsabilidad a los estados, bajo lineamientos fijados por el Congreso.
Contexto político adverso
Históricamente, el partido que ocupa la Casa Blanca suele perder escaños en elecciones intermedias. Analistas y encuestas preliminares apuntan a un escenario potencialmente complicado para el Partido Republicano en 2026.
El exestratega de Trump, Steve Bannon, ha sugerido públicamente el despliegue de fuerzas federales en centros de votación en zonas adversas al presidente, incluyendo agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Tales planteamientos han sido interpretados por críticos como intentos de intimidación.
Antecedentes de 2020
Trump continúa sosteniendo que hubo irregularidades en la elección de 2020, ganada por el demócrata Joe Biden, aunque tribunales y autoridades estatales rechazaron múltiples demandas por falta de pruebas.
Tras esos comicios, la campaña republicana promovió litigios en distintos estados y el entonces mandatario llamó a funcionarios de Georgia para cuestionar el resultado. Las tensiones culminaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, en un intento de impedir la certificación formal del resultado electoral.
Recientemente, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) abrió nuevas indagatorias relacionadas con el proceso electoral en Georgia en 2020. Asimismo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que no puede descartarse la presencia de agentes federales en centros de votación.
Propuestas legislativas y cambios en reglas
En el Congreso, republicanos han impulsado medidas para exigir prueba documental de ciudadanía y nuevas formas de identificación para votar, además de restringir el voto anticipado y por correo. Especialistas en derecho electoral advierten que estos cambios podrían reducir la participación, particularmente entre sectores con menor acceso a documentos oficiales.
Sean Morales-Doyle, del Brennan Center, escribió en The New York Times que existen esfuerzos en marcha para modificar las condiciones administrativas del proceso electoral y que corresponde a autoridades estatales y votantes salvaguardar la integridad institucional.
Por su parte, la periodista Susan Glasser, en The New Yorker, argumentó que el presidente ha normalizado la narrativa de que cualquier derrota republicana sería producto de manipulación.
Implicaciones institucionales
La Constitución estadounidense establece que los estados administran las elecciones federales. El presidente no posee atribuciones directas para cancelar o posponer comicios legislativos ordinarios.
Sin embargo, analistas advierten que la combinación de retórica preventiva, litigios estratégicos y reformas normativas podría influir en la confianza pública y en los niveles de participación electoral. A nueve meses de los comicios intermedios, el debate sobre la integridad del proceso se ha convertido en un elemento central del escenario político nacional.